Foto/Oipeez
El precandidato a la presidencial de Venezuela por la MUD encabeza un multitudinario acto público desde la avenida 72 de Maracaibo, para llevar su mensaje y propuesta para la construcción de una Venezuela mejor.
Maracaibo
En el inicio de su discurso el también Gobernador del Zulia está seguro que será el nuevo Presidente de Venezuela.
“Desde el Zulia, Venezuela contáis con nosotros”, expresó Pérez, quien hizo acotación sobre el embargo de recurso a lo que fue objeto el Ejecutivo regional recientemente.
Destacó la entrega de becas para los estudiantes zulianos, para ofrecer una educación sin exclusión.
“El Zulia se ha quedado con promesas incumplidas, han acabado con la industria petrolera y ha sido amenazada con el despojo de fincas”, dijo Pérez.
“Hoy 21 de octubre quiero ratificar el significado de la gaita de Ricardo Aguirre: el Zulia ha dado tanto que debe tener carreteras a granel y morocotas de cantos”.
Dijo que la vía alterna de Zulia será hecha por el nuevo gobierno. “Queremos garantizar la autonomía de los estados y municipios”.
Sobre la juventud, Pablo Pérez expresó que “nuestros jóvenes son los que están inmerso en la violencia”.
Para darle respuesta a los venezolanos sobre los altos índices de desempleo, dijo que en el su nuevo gobierno se brindará más 500 mil empleos y que además “vamos a respetar e incentivar la propiedad privada”.
Redacción web
http://www.elregionaldelzulia.com/noticias/default.asp?ID=34001
lunes, 24 de octubre de 2011
Pablo Pérez: “Vamos a respetar e incentivar la propiedad privada”
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sábado, 22 de octubre de 2011
FVM: Maestros llevan 14 años sin contratación colectiva
(Foto Cesar Muro)
http://www.el-carabobeno.com
Patricia Delgado
El gremio de educadores del Distrito Metropolitano se reunió este miércoles para denunciar la violación de sus derechos constitucionales, así como solicitar la firma de un contrato colectivo donde el sindicato de maestros -sin exclusión alguna- sea tomado en cuenta. Manifestaron que la última vez que se procedió a convocar a los gremios para la firma de este tipo de acuerdo fue en 1997 por lo que han transcurrido al menos 14 años y los únicos perjudicados han sido los mismos educadores.
Jaime Castro, secretario general nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó que en recientes conversaciones con la Gobernación del estado Carabobo han solicitado la entrega de los recursos que garanticen el pago puntual y completo de los salarios y bonificaciones que se les adeuda a los educadores de la región, sin embargo, los mandatarios estadales han confirmado que no cuentan con el capital para responder sus solicitudes pues el Gobierno central no ha hecho la entrega del dinero correspondiente para este pago.
De igual forma enfatizó Castro que sólo en esa entidad al menos 6 mil maestros activos y jubilados resultan afectados por tal situación, esto sin contar el personal obrero, administrativo y los efectivos policiales que también se encuentran a la espera de sus remuneraciones.
Sin embargo para agosto del presente año, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las federaciones en el que se establecía un aumento del 35% para el sueldo de los docentes, así como en el marco de la VI Convención Colectiva las primas de jerarquía quedaron en 100 bolívares para director, 130 para subdirector, 148 para supervisor y 50 bolívares para el coordinador. Estos cargos hoy en día se encuentran en tela de juicio, según lo afirmó el presidente del FVM Orlando Alzuru, quien expresó que estas autoridades actualmente son elegidas de manera dedocrática por parte de las zonas educativas o el mismo Ministerio.
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/22361/fvm-maestros-llevan-14-aos-sin-contratacin-colectiva
http://www.el-carabobeno.com
Patricia Delgado
El gremio de educadores del Distrito Metropolitano se reunió este miércoles para denunciar la violación de sus derechos constitucionales, así como solicitar la firma de un contrato colectivo donde el sindicato de maestros -sin exclusión alguna- sea tomado en cuenta. Manifestaron que la última vez que se procedió a convocar a los gremios para la firma de este tipo de acuerdo fue en 1997 por lo que han transcurrido al menos 14 años y los únicos perjudicados han sido los mismos educadores.
Jaime Castro, secretario general nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó que en recientes conversaciones con la Gobernación del estado Carabobo han solicitado la entrega de los recursos que garanticen el pago puntual y completo de los salarios y bonificaciones que se les adeuda a los educadores de la región, sin embargo, los mandatarios estadales han confirmado que no cuentan con el capital para responder sus solicitudes pues el Gobierno central no ha hecho la entrega del dinero correspondiente para este pago.
De igual forma enfatizó Castro que sólo en esa entidad al menos 6 mil maestros activos y jubilados resultan afectados por tal situación, esto sin contar el personal obrero, administrativo y los efectivos policiales que también se encuentran a la espera de sus remuneraciones.
Sin embargo para agosto del presente año, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las federaciones en el que se establecía un aumento del 35% para el sueldo de los docentes, así como en el marco de la VI Convención Colectiva las primas de jerarquía quedaron en 100 bolívares para director, 130 para subdirector, 148 para supervisor y 50 bolívares para el coordinador. Estos cargos hoy en día se encuentran en tela de juicio, según lo afirmó el presidente del FVM Orlando Alzuru, quien expresó que estas autoridades actualmente son elegidas de manera dedocrática por parte de las zonas educativas o el mismo Ministerio.
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/22361/fvm-maestros-llevan-14-aos-sin-contratacin-colectiva
viernes, 21 de octubre de 2011
A punto de caramelo respaldo de AD a Pablo Pérez
http://www.ultimasnoticias.com.ve
POLÍTICA | 20/10/2011 }
En AD tienen listo el apoyo a Pablo Pérez, las encuestas fueron claves en el cuadre con el "gallo" de UNT
El partido Acción Democrática tiene en el horno y a punto de caramelo su respaldo al gobernador del Zulia, Pablo Pérez, en su aspiración a la candidatura presidencial, con miras a las primarias que realizará la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 12 de febrero de 2012.
Diferentes fuentes de los partidos políticos indicaron a Últimas Noticias que el pasado lunes se realizó una reunión entre dirigentes de AD y Un Nuevo Tiempo, a la que asistieron los secretarios generales de ambos partidos, Henry Ramos Allup y Omar Barboza. Allí estudiaron varios sondeos de opinión, los cuales reflejan el incremento en el apoyo a Pablo Pérez, quien estaría alcanzando el nivel de los que ostenta Henrique Capriles Radonski.
Según las fuentes, la encuesta decisiva ha sido la de Ivad-Seijas, que refleja una proyección favorable al actual gobernador zuliano.
La decisión sobre la precandidatura la dará a conocer AD luego de la realización de un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ampliado, con la asistencia de los secretarios generales de las seccionales del partido en las regiones, que se llevará a cabo el 27 de este mes.
Actualmente, AD está culminando las consultas a las direcciones regionales del partido sobre el tema candidatural. La decisión no fue fácil para AD, según la fuente, debido al respaldo que algunos sectores del partido brindaban al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a quien han acompañado en sus diversos recorridos por el país.
Sin embargo, los números de respaldo a Ledezma siguen por debajo de las expectativas, y se impone la visión de garantizar el triunfo de un socialdemócrata (en este caso Pablo Pérez) en una elección polarizada con Capriles Radonski.
A punto de caramelo respaldo de AD a Pablo Pérez
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/a-punto-de-caramelo-respaldo-de-ad-a-pablo-perez.aspx
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próximo presidente de Venezuela
martes, 18 de octubre de 2011
Para unos sí, a otros no
Gobierno prioriza y discrimina con Bono 2026. La política de MinFinanzas dejó claro nuevamente que los papeles no son para fuga de capitales. Banca pública y sector asegurador estatal fueron los más beneficiados con adjudicación de los Bonos 2026. Personas naturales y empresas de categoría 2 sólo recibieron $ 1.500 en la emisión
http://www.talcualdigital.com
ENDER MARCANO
Las esperanzas tanto de empresarios como personas naturales de recibir divisas, de manera lícita y barata, con las emisiones del Estado se esfumaron nuevamente. Ayer el anuncio de los resultados de la emisión de los bonos 2026 dejó clara la intención del Gobierno de privilegiar sólo los sectores de alimentos y salud, categoría 1, por medio de las adjudicaciones de papeles públicos.
Mientras que el ciudadano común y las empresas de la denominada categoría 2 quedan relegados a la lotería del Sitme. Aunque el monto mínimo para cada orden de compra era de 3.000 dólares, el Ministerio de Planificación y Finanzas informó que para las personas naturales y las empresas de la categoría 2, es decir que no pertenezcan a salud y alimentos, se adjudicó el 50% de la orden (1.500 dólares), en el caso de aquella que solicitaron 3.000 dólares. Los que se aventuraron a solicitar más de dicho monto quedaron sin nada.
En el caso de las empresas de la categoría 1, los pedidos entre 3.000 dólares y 1.470.000 dólares se otorgaron en su totalidad. Las órdenes por encima de esta cantidad no fueron beneficiadas. Por su parte, las entidades financieras del sector público fueron adjudicadas con el 100% de su solicitud; y las entidades del sector asegurador estatal el 81,5% de su postura.
Estos criterios de adjudicación son muy similares a los ocurridos en la anterior emisión de la República, con la diferencia de que se otorgaron menos papeles para las personas naturales y empresas de la categoría 2. En todo caso, el beneficiado con las adjudicaciones es nuevamente el propio Estado, pues sus instituciones financieras recibieron el 100% de su solicitud.
Según comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García, el objetivo que se busca con esta emisión es alimentar el Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) con los papeles adjudicados al sistema financiero público. "El Sitme necesita alimentarse constantemente. Eso no implica que vaya a haber un aumento en las autorizaciones por parte de este sistema", comentó el analista financiero.
Con la emisión pasada, de principios de agosto, se pensó que el monto diario transado a través del Sitme aumentaría significativamente. Sin embargo, antes de dicha fecha el promedio anual autorizado era de 34 millones de dólares diarios, y después ha subido a 36 millones de dólares.
MAYOR CONTROL
García explicó que una de las ventajas que tiene el Gobierno destinando sus papeles al Sitme es que evita la fuga de capitales, pues las empresas que reciben papeles en el sistema deben comprometerse con el BCV a emplear los mismos para importaciones. Mientras que el caso de las emisiones, al momento de canjear los títulos por divisas las compañías son libres de utilizarlo como deseen.
La restricción de divisas lleva al Estado a restringir su oferta a las empresas que no considera prioritarias, y las limita al Sitme donde pueden ser beneficiadas un mes, como puede que no lo sean.
La entrega de 1.500 dólares a una empresa es insignificante. "Un cliente me dijo que esos 1.500 dólares ni siquiera le alcanzan para el precinto del container", contó García.
ESCASEZ DE TERMÓMETRO
El indicador de escasez de bienes elaborado por el BCV se encuentra hoy en 14%, cifra más alta desde comienzos del 2010, pero muy lejos del 24,7% alcanzado en diciembre del 2007 cuando el Gobierno salió derrotado en las elecciones para la reforma constitucional.
El director de Econométrica estima que este es un factor que el oficialismo evalúa constantemente para determinar la adjudicación de divisas. Es decir, en cuanto el índice se mantenga a raya podría seguir manteniendo este esquema en la asignación de divisas. "Al Gobierno le importa que lo prioritario esté en los anaqueles", dijo García vía telefónica. No obstante, sostiene que la poca disponibilidad de dólares y el alza en la escasez llevará pronto a preguntarse si es preferible "un dólar barato pero escaso, o uno alto pero oportuno".
Por otra parte, el economista Jesús Casique indicó que no tiene sentido realizar emisiones bajo este esquema en las que sólo se beneficia a un sector. "Es preferible que se hagan adjudicaciones directas, y así no se discrimina de esta forma a las personas naturales", comentó el también profesor universitario.
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=60352&tipo=AVA
http://www.talcualdigital.com
ENDER MARCANO
Las esperanzas tanto de empresarios como personas naturales de recibir divisas, de manera lícita y barata, con las emisiones del Estado se esfumaron nuevamente. Ayer el anuncio de los resultados de la emisión de los bonos 2026 dejó clara la intención del Gobierno de privilegiar sólo los sectores de alimentos y salud, categoría 1, por medio de las adjudicaciones de papeles públicos.
Mientras que el ciudadano común y las empresas de la denominada categoría 2 quedan relegados a la lotería del Sitme. Aunque el monto mínimo para cada orden de compra era de 3.000 dólares, el Ministerio de Planificación y Finanzas informó que para las personas naturales y las empresas de la categoría 2, es decir que no pertenezcan a salud y alimentos, se adjudicó el 50% de la orden (1.500 dólares), en el caso de aquella que solicitaron 3.000 dólares. Los que se aventuraron a solicitar más de dicho monto quedaron sin nada.
En el caso de las empresas de la categoría 1, los pedidos entre 3.000 dólares y 1.470.000 dólares se otorgaron en su totalidad. Las órdenes por encima de esta cantidad no fueron beneficiadas. Por su parte, las entidades financieras del sector público fueron adjudicadas con el 100% de su solicitud; y las entidades del sector asegurador estatal el 81,5% de su postura.
Estos criterios de adjudicación son muy similares a los ocurridos en la anterior emisión de la República, con la diferencia de que se otorgaron menos papeles para las personas naturales y empresas de la categoría 2. En todo caso, el beneficiado con las adjudicaciones es nuevamente el propio Estado, pues sus instituciones financieras recibieron el 100% de su solicitud.
Según comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García, el objetivo que se busca con esta emisión es alimentar el Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) con los papeles adjudicados al sistema financiero público. "El Sitme necesita alimentarse constantemente. Eso no implica que vaya a haber un aumento en las autorizaciones por parte de este sistema", comentó el analista financiero.
Con la emisión pasada, de principios de agosto, se pensó que el monto diario transado a través del Sitme aumentaría significativamente. Sin embargo, antes de dicha fecha el promedio anual autorizado era de 34 millones de dólares diarios, y después ha subido a 36 millones de dólares.
MAYOR CONTROL
García explicó que una de las ventajas que tiene el Gobierno destinando sus papeles al Sitme es que evita la fuga de capitales, pues las empresas que reciben papeles en el sistema deben comprometerse con el BCV a emplear los mismos para importaciones. Mientras que el caso de las emisiones, al momento de canjear los títulos por divisas las compañías son libres de utilizarlo como deseen.
La restricción de divisas lleva al Estado a restringir su oferta a las empresas que no considera prioritarias, y las limita al Sitme donde pueden ser beneficiadas un mes, como puede que no lo sean.
La entrega de 1.500 dólares a una empresa es insignificante. "Un cliente me dijo que esos 1.500 dólares ni siquiera le alcanzan para el precinto del container", contó García.
ESCASEZ DE TERMÓMETRO
El indicador de escasez de bienes elaborado por el BCV se encuentra hoy en 14%, cifra más alta desde comienzos del 2010, pero muy lejos del 24,7% alcanzado en diciembre del 2007 cuando el Gobierno salió derrotado en las elecciones para la reforma constitucional.
El director de Econométrica estima que este es un factor que el oficialismo evalúa constantemente para determinar la adjudicación de divisas. Es decir, en cuanto el índice se mantenga a raya podría seguir manteniendo este esquema en la asignación de divisas. "Al Gobierno le importa que lo prioritario esté en los anaqueles", dijo García vía telefónica. No obstante, sostiene que la poca disponibilidad de dólares y el alza en la escasez llevará pronto a preguntarse si es preferible "un dólar barato pero escaso, o uno alto pero oportuno".
Por otra parte, el economista Jesús Casique indicó que no tiene sentido realizar emisiones bajo este esquema en las que sólo se beneficia a un sector. "Es preferible que se hagan adjudicaciones directas, y así no se discrimina de esta forma a las personas naturales", comentó el también profesor universitario.
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=60352&tipo=AVA
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viernes, 14 de octubre de 2011
Exclusión enmarca acción de gobierno revolucionario, afirma gobernador Morel Rodríguez
http://enfoques365.net
Viernes 14 de Octubre 2011
12 de Octubre 2011
El mandatario asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, donde los gobernadores democráticos fueron maltratados por los altos representantes del Gobierno, y denunció que lo decidido por ese Consejo es una demostración más del alto grado de retaliación al que ha llegado la administración del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en contra del pueblo neoespartano.
Aduce el mandatario insular que nunca en la historia republicana un Gobierno ha actuado con tan mala fe, prevalido del poder que ostenta, para frenar las aspiraciones de los margariteños y cochenses de querer garantizarse una mejor y mayor calidad de vida.
Agregó que esa política, de muy mal gusto, irresponsable y dañina, demostrativa de que no se tiene sensibilidad social alguna sino el propósito de defender a quienes lo respaldan y castigar al adversario, igualmente denota que lo político partidista y la irresponsabilidad tienen mayor importancia que los intereses reales del pueblo venezolano.
El mandatario, que asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, reclamó asimismo que no fue para nada respetuoso el trato que allí les dieron a los gobernadores democráticos, los altos representantes del Gobierno, comenzando por el Vicepresidente, quien les advirtió que se fuesen preparando para entregar sus cargos porque la victoria electoral sería para el oficialismo.
Recordó que nunca algo parecido sucedió en cualquiera de las muchas reuniones que en la era democrática congregaba a los gobernadores y al Presidente de la República, para discutir los Planes de la Nación, el presupuesto nacional y el situado constitucional. Los gobernadores acudían con su equipo económico a defender planes y programas. No iban a una encerrona en donde los cayapeaban, sino a un escenario en donde lo plural figuraba en la agenda y la discusión era serena, firme y democrática.
-La historia registra que en esos eventos resaltaba la consideración, se respetaba al funcionario y sus responsabilidades, y sobre todo se permitía hablar, solicitar, defender y criticar a los gobernantes sin que se corriese el riesgo de la amenaza y de la ofensa. El Gobierno cumplía y hacía cumplir la Constitución. No la violentaba, ni la sustituía como hoy en día sucede por leyes que responden a simples conveniencias politiqueras circunstanciales.
Se preguntó el gobernador de Nueva Esparta por qué a su estado, una vez más, por la vía de la imperdonable retaliación, se le disminuyeron los recursos, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles son los parámetros reales que el Gobierno maneja para decidir qué cantidad de dinero le corresponde.
Advirtió que la cifra asignada por el Consejo Federal de Gobierno, que escasamente sobrepasa los 166 millones de bolívares, de verdad resulta insuficiente y el propio Gobierno así lo sabe. Considera, además, como muy injusto el trato que en los casi doce años de Gobierno del presidente Chávez, Nueva Esparta ha recibido recordando que, por ser un estado fronterizo e insular, ese trato ha debido ser preferencial, como sucede con un estado fronterizo e insular en cualquier parte del mundo.
Dijo desconocer cuáles criterios técnicos aplica el Gobierno a la hora de decidir el monto de recursos que le envía a Nueva Esparta, salvo los estrictamente politiqueros, los de represalia, los del pase de factura y los de una exclusión de verdad aberrante que, en su opinión, y por supuesto, siguiendo directrices del alto Gobierno, emplean los funcionarios rojo-rojitos en contra de Nueva Esparta.
-Actúan así porque bien saben que la democracia llegó para quedarse en tierra insular, donde no entrará nunca el comunismo. Y como eso es cierto, utilizan la vieja e incierta excusa del INE en cuanto a que en Nueva Esparta habitan 350 mil y no 750 mil personas. ¿Por qué al estado Apure, por ejemplo, sí se le otorgan recursos suficientes, que por cierto, a la fecha no se han podido justificar los recibidos, que han sido cuantiosos, ni en obras ni en facturas.
El gobierno sabe que Nueva Esparta, bajo su administración, ha sido siempre el primero en la elaboración, presentación y ejecución de proyectos de verdadero beneficio popular. Por ser el más eficiente, realidad que el Gobierno reconoce públicamente, plantea, debe recibir los recursos que necesita, pero se los niega para impedirle al gobierno regional implementar más programas sociales, edificar más viviendas y financiar, por ejemplo, la construcción de la autopista que enlazará Juangriego con La Asunción.
Dice el gobernador Rodríguez Ávila que esa exclusión, línea que acata todo funcionario de cualquier nivel, no sólo humilla al ciudadano que no está de acuerdo con que el presidente Chávez cambie la democracia por el comunismo en Venezuela, sino que muestra el pésimo criterio que sobre el desarrollo nacional manejan el gobierno y su partido, la Asamblea Nacional y los restantes poderes públicos, todos actúan frontal y visceralmente en contra de los gobiernos regionales y locales que defienden la democracia.
Explica que los 166 millones de bolívares no son suficientes, recordando que por la subestimación del precio del petróleo, Nueva Esparta dejó de percibir en este año 2011 un total de 1.215 millones de bolívares, y la deuda, que ya sobrepasa los 300 millones, que el Gobierno no ha honrado y por lo visto no honrará, evidencian el maltrato que a la región insular le ha producido el gobierno que se dice revolucionario y tener como objetivo único el bienestar del pueblo.
-Resulta inaceptable que el presidente Chávez haya partido a Venezuela en dos porciones: la que presuntamente sí recibe, porque es roja-rojita, la atención preferente del Gobierno, y la otra, la democrática, que evidentemente mantiene en el olvido.
Cree el gobernador que esa división, que ya es profunda y está haciendo mucho daño en el cuerpo social venezolano, debe terminarse, advirtiendo que en las regiones que conforman la porción oficialista, la problemática es de enorme gravedad en todo sentido.
-Lo que sucede es que sus gobernadores y alcaldes están obligados, muy a pesar suyo, a guardar el más estricto de los silencios y, porque lo sabemos, impedidos de manejarse con la verdad. Pero la realidad, como la luz del sol, no puede taparse con un dedo. Las manifestaciones diarias en el mapa nacional son el más claro retrato de un país problematizado, cuyo pueblo sólo espera la hora de votar para emprender el anhelado cambio, enfatizó Morel Rodríguez./ENFOQUES365
http://enfoques365.net/N30109-exclusin-enmarca-accin-de-gobierno-revolucionario-afirma-gobernador-morel-rodrguez.html
Viernes 14 de Octubre 2011
12 de Octubre 2011
El mandatario asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, donde los gobernadores democráticos fueron maltratados por los altos representantes del Gobierno, y denunció que lo decidido por ese Consejo es una demostración más del alto grado de retaliación al que ha llegado la administración del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en contra del pueblo neoespartano.
Aduce el mandatario insular que nunca en la historia republicana un Gobierno ha actuado con tan mala fe, prevalido del poder que ostenta, para frenar las aspiraciones de los margariteños y cochenses de querer garantizarse una mejor y mayor calidad de vida.
Agregó que esa política, de muy mal gusto, irresponsable y dañina, demostrativa de que no se tiene sensibilidad social alguna sino el propósito de defender a quienes lo respaldan y castigar al adversario, igualmente denota que lo político partidista y la irresponsabilidad tienen mayor importancia que los intereses reales del pueblo venezolano.
El mandatario, que asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, reclamó asimismo que no fue para nada respetuoso el trato que allí les dieron a los gobernadores democráticos, los altos representantes del Gobierno, comenzando por el Vicepresidente, quien les advirtió que se fuesen preparando para entregar sus cargos porque la victoria electoral sería para el oficialismo.
Recordó que nunca algo parecido sucedió en cualquiera de las muchas reuniones que en la era democrática congregaba a los gobernadores y al Presidente de la República, para discutir los Planes de la Nación, el presupuesto nacional y el situado constitucional. Los gobernadores acudían con su equipo económico a defender planes y programas. No iban a una encerrona en donde los cayapeaban, sino a un escenario en donde lo plural figuraba en la agenda y la discusión era serena, firme y democrática.
-La historia registra que en esos eventos resaltaba la consideración, se respetaba al funcionario y sus responsabilidades, y sobre todo se permitía hablar, solicitar, defender y criticar a los gobernantes sin que se corriese el riesgo de la amenaza y de la ofensa. El Gobierno cumplía y hacía cumplir la Constitución. No la violentaba, ni la sustituía como hoy en día sucede por leyes que responden a simples conveniencias politiqueras circunstanciales.
Se preguntó el gobernador de Nueva Esparta por qué a su estado, una vez más, por la vía de la imperdonable retaliación, se le disminuyeron los recursos, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles son los parámetros reales que el Gobierno maneja para decidir qué cantidad de dinero le corresponde.
Advirtió que la cifra asignada por el Consejo Federal de Gobierno, que escasamente sobrepasa los 166 millones de bolívares, de verdad resulta insuficiente y el propio Gobierno así lo sabe. Considera, además, como muy injusto el trato que en los casi doce años de Gobierno del presidente Chávez, Nueva Esparta ha recibido recordando que, por ser un estado fronterizo e insular, ese trato ha debido ser preferencial, como sucede con un estado fronterizo e insular en cualquier parte del mundo.
Dijo desconocer cuáles criterios técnicos aplica el Gobierno a la hora de decidir el monto de recursos que le envía a Nueva Esparta, salvo los estrictamente politiqueros, los de represalia, los del pase de factura y los de una exclusión de verdad aberrante que, en su opinión, y por supuesto, siguiendo directrices del alto Gobierno, emplean los funcionarios rojo-rojitos en contra de Nueva Esparta.
-Actúan así porque bien saben que la democracia llegó para quedarse en tierra insular, donde no entrará nunca el comunismo. Y como eso es cierto, utilizan la vieja e incierta excusa del INE en cuanto a que en Nueva Esparta habitan 350 mil y no 750 mil personas. ¿Por qué al estado Apure, por ejemplo, sí se le otorgan recursos suficientes, que por cierto, a la fecha no se han podido justificar los recibidos, que han sido cuantiosos, ni en obras ni en facturas.
El gobierno sabe que Nueva Esparta, bajo su administración, ha sido siempre el primero en la elaboración, presentación y ejecución de proyectos de verdadero beneficio popular. Por ser el más eficiente, realidad que el Gobierno reconoce públicamente, plantea, debe recibir los recursos que necesita, pero se los niega para impedirle al gobierno regional implementar más programas sociales, edificar más viviendas y financiar, por ejemplo, la construcción de la autopista que enlazará Juangriego con La Asunción.
Dice el gobernador Rodríguez Ávila que esa exclusión, línea que acata todo funcionario de cualquier nivel, no sólo humilla al ciudadano que no está de acuerdo con que el presidente Chávez cambie la democracia por el comunismo en Venezuela, sino que muestra el pésimo criterio que sobre el desarrollo nacional manejan el gobierno y su partido, la Asamblea Nacional y los restantes poderes públicos, todos actúan frontal y visceralmente en contra de los gobiernos regionales y locales que defienden la democracia.
Explica que los 166 millones de bolívares no son suficientes, recordando que por la subestimación del precio del petróleo, Nueva Esparta dejó de percibir en este año 2011 un total de 1.215 millones de bolívares, y la deuda, que ya sobrepasa los 300 millones, que el Gobierno no ha honrado y por lo visto no honrará, evidencian el maltrato que a la región insular le ha producido el gobierno que se dice revolucionario y tener como objetivo único el bienestar del pueblo.
-Resulta inaceptable que el presidente Chávez haya partido a Venezuela en dos porciones: la que presuntamente sí recibe, porque es roja-rojita, la atención preferente del Gobierno, y la otra, la democrática, que evidentemente mantiene en el olvido.
Cree el gobernador que esa división, que ya es profunda y está haciendo mucho daño en el cuerpo social venezolano, debe terminarse, advirtiendo que en las regiones que conforman la porción oficialista, la problemática es de enorme gravedad en todo sentido.
-Lo que sucede es que sus gobernadores y alcaldes están obligados, muy a pesar suyo, a guardar el más estricto de los silencios y, porque lo sabemos, impedidos de manejarse con la verdad. Pero la realidad, como la luz del sol, no puede taparse con un dedo. Las manifestaciones diarias en el mapa nacional son el más claro retrato de un país problematizado, cuyo pueblo sólo espera la hora de votar para emprender el anhelado cambio, enfatizó Morel Rodríguez./ENFOQUES365
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jueves, 13 de octubre de 2011
Los gobernadores antichavistas denunciaron discriminación
http://america.infobae.com
11-10-11 | POLÍTICA
Siete jefes regionales de Venezuela reclaman el pago de una deuda de 5.466 millones de bolívares (1,3 millones de dólares) de la Ley de Asignaciones Especiales
Los gobernadores antichavistas Liborio Guarulla, de Amazonas; Henrique Fernando Salas Römer, de Carabobo; Henry Falcón, de Lara; Henrique Capriles Radonski, de Miranda; Morel Rodríguez, de Nueva Esparta; César Pérez Vivas, de Táchira y Pablo Pérez, de Zulia reclamaron en el Consejo Federal de Gobierno el pago de la millonaria deuda correspondientes a la Ley de Asignaciones Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos.
Aseguran que la discriminación en la coparticipación de los recursos se debe a su postura abiertamente crítica de la gestión chavista, y por esa razón utiliza los recursos venezolanos a discreción "sin cumplir con la ley".
Los opositores argumentan que el Gobierno de Hugo Chávez les coparticipó mucho menos del 25% de lo recaudado en esas áreas, como lo estipula la ley. "La diferencia en los montos, además de resultar obvia, es significativa, ya que la cantidad que los sujeto que se aplique correctamente, la forma de cálculo establecida en el artículo 2 de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos", afirman en un comunicado.
El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, aseguró que es falso decir que se le está quitando recursos a las regiones: "Estamos destinando recursos a los proyectos aprobados por la Asamblea Nacional, planificaciones establecidas como la Gran Misión Vivienda, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que tenemos con los gobernadores de la oposición, lo que forma parte de una democracia". Vea el video:
Jaua detalló que los destinos del Fondo de Desarrollo Nacional "son los recursos que van a las regiones, pero en el marco de una proyecto nacional de desarrollo". Además afirmó que "más allá de las posturas radicales que tenemos (oposición - oficialismo) somos parte de una democracia vigorosa. Reconocemos y respetamos a las autoridades de oposición que ocupan espacios de gobierno y cumplimos legalmente con esas entidades político territoriales como manda nuestra constitución".
http://america.infobae.com/notas/35449-Los-gobernadores-antichavistas-denunciaron-discriminacion-economica
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sectarismo político
lunes, 10 de octubre de 2011
Denuncian discriminación en pago a afectados del Federal
Solicitarán que junta interventora rinda cuentas sobre los activos
EL UNIVERSAL
viernes 7 de octubre de 2011
La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de nulidad del artículo 262 de la Ley de Bancos, por considerar que discrimina el pago a los ahorristas afectados por la intervención del Banco Federal.
Roberto León Parilli, presidente de Anauco, señaló que el artículo discrimina a 14.425 personas, con edad entre 18 y 55 años, quienes no han recibido su dinero, pero aseguró que se canceló la deuda a consejos comunales.
"No es posible que por una razón de edad se les pague a unos y a otros no. Ya va a llegar el año y medio, el lapso para pagar, y nos preocupa que ellos no han cobrado".
Asimismo, solicitarán a la Junta Interventora del Banco Federal y a Fogade que les muestre el balance de liquidación de los activos, y que se rindan cuentas sobre el pago a los afectados. ACC
http://www.eluniversal.com/economia/111007/denuncian-discriminacion-en-pago-a-afectados-del-federal
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exclusiòn en Venezuela
Sectores sociales y políticos rechazan el "bloqueo" y apoyan al Gobernador de Táchira
http://www.el-informe.com
Sabado, 08-10-2011
Sectores políticos y sociales congregados en torno al llamado "Frente de Defensa del Táchira y sus instituciones", ratificaron su apoyo al gobernador de la entidad andina, César Pérez Vivas "en su lucha por el estado frente al asedio permanente del gobierno nacional"; en acto que se desarrolló en la Casa Sindical de San Cristóbal, y fue encabezado por representantes de los sectores productivos (Asogata, Federación Campesina de Venezuela), académicos, estudiantiles, sociales, culturales, medios de comunicación, dirigentes políticos regionales, diputados estadales y nacionales, alcaldes y miembros del gabinete de gobierno del estado.
El acto se inició con un minuto silencio en memoria del expresidente de la república, Carlos Andrés Pérez.
"Estamos dispuestos a defender los derechos de los tachirenses con gallardía" proclamó el gobernador Pérez Vivas al tomar la palabra frente a un auditorio que vitoreaba su nombre.
Agradeció la iniciativa de construir un Frente de Defensa del Táchira, "que representa a tanta gente que necesita ser defendida del atropello contra los campesinos, los ganaderos, los empresarios, comerciantes e industriales, los vecinos y comunidades a quienes se les niegan las obras y programas necesarios para mejorar sus condiciones de vida".
Pérez Vivas, dijo en medio de la multitudinaria representación social, que no es posible que el Gobierno nacional no asigne a la región el presupuesto real que le corresponde, “se ha venido deteriorando la vialidad, los asentamientos humanos están en riesgo, se encuentran en inminente peligro de afectación drenajes y terrenos, y no se ha podido tener una solución concreta de parte de la autoridad nacional”.
Aseguró que igualmente ocurre con los daños que presentan los acueductos de varias poblaciones del Táchira como los de Coloncito, Orope y La Tendida, “son pueblos que están requiriendo agua potable y lamentablemente no tenemos una solución. La Constitución de Venezuela ordena que existan acuerdos y coordinación de todas las autoridades para que los problemas de las regiones se puedan atender. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos que hay a nuestro alcance para poder acordar y trabajar en conjunto, y lo que hemos recibido es desprecio y una actitud muy dura de parte de las autoridades nacionales”.
En este sentido, dijo, que estas acciones de protesta sólo tienen la intención clara y contundente de respaldar el sentimiento de los tachirenses, a la vez se defender la región y el derecho de los pueblos de ser tratados con igualdad de oportunidades. “Estoy aquí para decirle al país que nosotros los hombres y las mujeres de esta cordillera andina, somos venezolanos, personas consientes de nuestros deberes y derechos, que estamos dispuestos a defenderlos con la gallardía y la pasión que nos ha caracterizado a lo largo de la historia”, agregó el mandatario.
Enfatizó que nuevamente ratifica el compromiso que él posee con su amado pueblo tachirense. Agradeció la iniciativa de los diversos sectores que se han organizado para constituir el frente de defensa del pueblo tachirense, representado por diferentes sectores. “Agradezco y aplaudo la participación del gremio campesino que sufre tremendamente la escasez de insumos, que ya no encuentran semillas ni abonos, ni los recursos suficientes para poder impulsar su tarea”.
Asimismo el gobernador Pérez Vivas saludó al gremio ganadero, “nuestros productores de carne y leche, que durante años se han entregado a producir alimentos y que ahora están atropellados por un poder nacional que prefiere la importación. A nuestros productores ganaderos se les obliga a producir a pérdidas y se les organiza la invasión de sus tierra, es por eso que ha caído en más de un 50 por ciento la producción de alimentos”, precisó.
Refirió que el Táchira “está azotado por los grupos armados al margen de la ley que se encuentran en el territorio venezolano, con el visto bueno de quienes tienen la obligación jurídica, moral y política de garantizar seguridad a esos productores, víctimas además de la discriminación y la exclusión impuesta al estado. Hoy estamos diciéndole a Venezuela que con las armas de la democracia y el voto del pueblo, vamos a reivindicar al Táchira”.
Concluyó asegurando que el pueblo de Venezuela desea un cambio, y alternar e este gobierno como corresponde a una democracia. “Estoy seguro que la mayoría de los venezolanos están anhelando un gobierno democrático que nos permita salir de esta situación de tragedia a la que estamos sometidos desde hace 12 años”, apuntó.
Por su parte, el coordinador general del Frente por la defensa del Estado Táchira y sus instituciones, Néstor Solano, indicó “que no se permitirá que se nos siga irrespetando, ya que la gente del Táchira se identifica plenamente con el gobernador César Pérez Vivas, y con su proyecto, planes e ideas”.
Víctor Manuel Ruíz García, presidente del “Frente pro Defensa del estado Táchira” indicó que el objetivo de la asamblea ciudadana realizada este sábado, es canalizar los reproches, las inquietudes y los reclamos de la colectividad del estado por la actitud con la cual el gobierno nacional está sometiendo al Táchira.
“El Frente se constituyó con esa finalidad y hoy, con este acto, se abre una vía para que los venezolanos escuchen a una representación de los jóvenes tachirenses, de los gremios, Fedecámaras, asociaciones civiles y de todos quienes tienen una propuesta firme y democrática, para reclamar las aspiraciones de toda la sociedad civil. Creemos en las instituciones y en la Constitución Nacional, por ello, manifestamos al Poder Central que está un pueblo unido para defender sus derechos”, precisó.
“Despierta y reacciona”
Asimismo, Gaby Ortega, estudiante, expresó que como digna representante de la juventud tachirense que lucha, estudia, trabaja y realiza múltiples actividades con alegría y excelencia, reafirma el compromiso democrático de su generación y ratifica su preocupación por temas como seguridad, vialidad, salud, educación, empleo, transporte, atención ciudadana, entre otros aspectos dentro de los cuales se está viendo muy afectada la sociedad tachirense.
“Es un hecho cierto, no una sospecha, que nuestras instituciones corren un riesgo y que el gobierno nacional tiene la intención de restringirles para reducir nuestros derechos, valores y calidad de vida”, dijo Ortega.
Además indicó que preocupan los reportes de una importante cantidad de jóvenes entre 13 y 17 años involucrados en la delincuencia, con reincidencia de ellos en hechos punibles por la ausencia de una correcta aplicación de la justicia. “Vive Venezuela una grave situación de violencia en la cual la juventud está en `peligro de extinción´ y todos en las familias ruegan poder llegar sanos y salvos a su casa”. Culminó manifestando que representa a quienes desean vivir en una Venezuela del primer mundo y en un Táchira respetado, libre y con posibilidades para emprender hacia un mayor progreso; por eso tomó las palabras de Juan Pablo II en su última visita a este país, cuando hizo una invitación que hoy, más que nunca, sigue vigente: “despierta y reacciona”.
http://www.el-informe.com/periodicodigital/noticia.php?Id=14967
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bloqueo contra gobernador del Tàchira
Ambiente hostil contra las ONG
DENUNCIA
Quienes trabajan la materia ambiental se enfrentan también a las trabas que impone la polarización: negativa de permisos, cierre de acceso a información, restricciones al financiamiento. Por eso muchos prefieren el silencio. Por Oscar Medina
Fudeci es la organización civil que más experiencia acumula en proyectos de cría e investigaciones sobre tortugas y caimanes del Orinoco. Su zoocriadero en Amazonas hoy está sin uso porque el Ministerio de Ambiente cortó relaciones. Pero Fudeci sigue adelante con programas de cría de animales para las poblaciones del Sur del país FOTOS CORTESIA DE FUDECI
Se estima que son poco más de un centenar las organizaciones civiles que trabajan asuntos de ambiente y ecología. Pero a la convocatoria del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas apenas respondieron tres para presentar ante ese mecanismo de evaluación global sus consideraciones sobre la situación venezolana. ¿Falta de interés? No precisamente. La condición pública de los informes hizo aflorar algo que desde hace rato se ha instalado en muchos sectores: el miedo.
Algo de esto también se vio a mediados de año con la difusión de "Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela", un exhaustivo documento preparado por los miembros de la red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), que da cuenta -con una visión técnica- de múltiples fallas, al menos en los siete aspectos evaluados: disminución de biodiversidad, contaminación, residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, recursos hídricos, manejo de áreas protegidas y cambio climático.
La exposición mediática de las conclusiones de ese estudio, presentadas por la prensa como una crítica frontal al desempeño de organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, hizo que -al menos en primera instancia- algunos miembros de ARA manifestaran intenciones de retirarse de la red para esquivar posibles confrontaciones con el Gobierno.
"Claro que hay temor", reconoce María Eugenia Gil Beróes, docente universitaria y directora de la Fundación Aguaclara: "Cuando se le explicó a las organizaciones ambientalistas que los informes para el EPU serían públicos y que, además, el Estado venezolano iba a tener la oportunidad de leerlos antes de presentar su propio informe, hubo gente muy honesta que desde el principio dijeron que les daba temor aparecer criticando, que ya tenían suficientes problemas y que por ser organizaciones pequeñas no iban a poder soportar un enfrentamiento o sus represalias. Otros dijeron que sí iban a participar, pero pasaron los días y no hicieron nada".
Finalmente, en asuntos de medioambiente para el EPU hubo apenas tres aportes de organizaciones no gubernamentales, o -mejor dicho- de la sociedad civil organizada: Aguaclara, Movimiento por la Calidad del Aire y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Fudeci.
El texto presentado por Aguaclara -fundación activa desde el año 2000, denunciante de los riesgos del PVC presente en las Petrocasas- señala, de entrada, la violación a los derechos ambientales desde una perspectiva doble: el de las restricciones a las garantías de las organizaciones civiles independientes y la propia degradación del ambiente en el país. Para Aguaclara esas restricciones violentan los derechos a la libre asociación y a expresar opiniones abierta y públicamente y comunicar información; además del ejercicio a la contraloría social.
El análisis de esta fundación apunta que al menos dos disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Popular aprobada en 2010 introducen normas que chocan contra el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución (Artículo 54). Se refiere a los artículos (7 y 8 de la LOPP) que hablan de impulsar la organización civil para construir el socialismo y que someten al reconocimiento del Ministerio del Poder Popular la existencia de estas organizaciones.
De acuerdo a esto, se obliga "a las formas asociativas a asumir el socialismo como forma única de pensamiento, siendo que esta es la única manera en que serán reconocidas por el Estado, lo cual impide el ejercicio plural y democrático del pensamiento".
Sobre la contraloría social señalan que si bien la Constitución contempla la libre participación ciudadana en asuntos públicos, los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información sobre asuntos públicos, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla el ejercicio de la contraloría sólo a las organizaciones del Poder Popular.
Esto es, las autodenominadas socialistas y revolucionarias, excluyendo, en consecuencia, a aquellas que no circulen por ese carril. Aguaclara advierte: "nuestra Carta Magna no establece como inspiración 'valores socialistas' para el ejercicio de la contraloría social".
Ley del hielo
Ese llamado de atención no puede ser tomado a la ligera. La misma receta aplica a las organizaciones civiles que trabajan en otros tópicos de los derechos humanos.
Y tanto eco ha tenido la queja común que entre las preguntas que algunas naciones -como Noruega, Canadá, Suiza y la República Checa- presentaron de manera pública al Estado venezolano en el marco de la EPU figuran algunas referidas a la posibilidad de restringir el financiamiento extranjero de las ONG, a preocupación por los intentos de silenciarlas y por el riesgo de que pierdan independencia.
No se trata sólo de la amenaza que representa la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional promulgada en diciembre de 2010. En la práctica, salvo casos afortunados, las organizaciones civiles que laboran en pro del medio ambiente son ignoradas o torpedeadas por las autoridades nacionales.
El caso de Fudeci es emblemático. Esta ONG fue fundada en 1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde 1992 trabajan en la cría de tortugas del Orinoco e incluso montaron el mayor criadero del país en su sede de Amazonas, con registros de liberación de hasta 40 mil animales por año. También se dedicaron a partir del año 2000 al trabajo con caimanes del Orinoco y en 2005 instalaron su propio zoocriadero para sacar adelante sus proyectos en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y tanto era el aporte de Fudeci, que su zoocriadero operaba como centro de acopio de tortuguillos y caimanes.
El convenio con el Ministerio de Ambiente culminó en 2008: "Mandamos muchas comunicaciones para renovarlo o para saber por qué no seguíamos trabajando", dice Omar Hernández, director de Fudeci: "Y nunca recibimos respuesta. También hemos solicitado permisos para colectar ejemplares. No nos responden. Nuestra intención es ayudar, continuar con el programa, tenemos más de 15 años de experiencia en esto, pero ni siquiera nos contestan. El Ministerio cree que debe demostrar que puede hacerlo todo. Y lamentablemente, no puede".
Y no sólo a Fudeci: "A muchas organizaciones no le responden sus solicitudes de permisos de caza científica, incluso a estudiantes e investigadores. Es como si no existiéramos. ".
Mal momento
En el documento de mayo, los miembros de la Red ARA reconocen como avance la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución y las nuevas leyes de protección ambiental. Pero advierten sobre el acelerado proceso de deterioro ambiental en el país y la gravedad de los problemas.
Y ponen el dedo en el asunto de las ONG: "...algunos sectores del Gobierno venezolano han mantenido una política de exclusión y descalificación de la acción de muchas ONG ambientales del país, lo que ha llevado a un virtual cierre de los canales de diálogo, participación y trabajo conjunto".
Hernández apunta: "El Ministerio de Ambiente debería aliarse a las ONG. Es imposible que haga todo solo. Y menos con los recursos con los que cuenta. Este año recibió apenas 1% del presupuesto nacional. Y el de Inparques representa 0,04% del total nacional. Eso es nada".
2007 habría sido el año en el que se cayeron los puentes. En Bariloche (Argentina) se realizó un evento en el que se analizaba la situación de las áreas protegidas en el mundo, convocado por la Unión Mundial de la Naturaleza. La Comisión de Areas Protegidas de Venezuela encargó a Bioparques coordinar la recopilación y presentación de la información sobre Venezuela. Isabel Novo, de la ONG Vitalis, explica que Bioparques solicitó datos a las ONG conocedoras de la materia y también al Ministerio de Ambiente y a Inparques, pero no respondieron.
"El informe se hizo sólo con la perspectiva de las ONG. Pero al llegar a Bariloche, encontramos que el Ministerio e Inparques llevaron su propia presentación", recuerda Novo: "Fue un momento incómodo. Al final se aclaró que el informe solicitado era el de la Comisión de Areas Protegidas, es decir, el de Bioparques. Y recomendaron unir la información de los dos".
Para María Eugenia Gil Beróes, ese "choque" en Argentina determinó la ruptura de relaciones: "Era una delegación oficial intentando desmentir a las ONG. A partir de allí, el Ministerio del Ambiente cerró sus puertas a las ONG. Y cada vez se profundiza más esa diferencia entre el Gobierno y nosotros".
Aguaclara era -o es- miembro del comité para la eliminación de los contaminantes orgánico persistentes (Convenio de Estocolmo), una tarea pendiente del Ministerio: "Desde hace cuatro años no nos llaman a las reuniones". Esa estrategia de ignorar a las organizaciones civiles tiene consecuencias importantes: "Las ONG buscan incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones", explica Gil Beróes: "Y si no logras eso, tu trabajo se pierde. Si las autoridades polarizan todo y dicen que no somos bien vistas y no podemos ni sugerir cosas, estamos perdiendo el derecho de los ciudadanos a participar".
"Estamos muy mal en muchos aspectos", señala Novo: "Y los problemas deben ser atendidos en conjunto por el Gobierno, las ONG y las empresas. La gestión ambiental no debe tener connotaciones políticas. Esto nos afecta a todos".
ommedina@eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111009/ambiente-hostil-contra-las-ong
Quienes trabajan la materia ambiental se enfrentan también a las trabas que impone la polarización: negativa de permisos, cierre de acceso a información, restricciones al financiamiento. Por eso muchos prefieren el silencio. Por Oscar Medina
Fudeci es la organización civil que más experiencia acumula en proyectos de cría e investigaciones sobre tortugas y caimanes del Orinoco. Su zoocriadero en Amazonas hoy está sin uso porque el Ministerio de Ambiente cortó relaciones. Pero Fudeci sigue adelante con programas de cría de animales para las poblaciones del Sur del país FOTOS CORTESIA DE FUDECI
Se estima que son poco más de un centenar las organizaciones civiles que trabajan asuntos de ambiente y ecología. Pero a la convocatoria del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas apenas respondieron tres para presentar ante ese mecanismo de evaluación global sus consideraciones sobre la situación venezolana. ¿Falta de interés? No precisamente. La condición pública de los informes hizo aflorar algo que desde hace rato se ha instalado en muchos sectores: el miedo.
Algo de esto también se vio a mediados de año con la difusión de "Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela", un exhaustivo documento preparado por los miembros de la red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), que da cuenta -con una visión técnica- de múltiples fallas, al menos en los siete aspectos evaluados: disminución de biodiversidad, contaminación, residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, recursos hídricos, manejo de áreas protegidas y cambio climático.
La exposición mediática de las conclusiones de ese estudio, presentadas por la prensa como una crítica frontal al desempeño de organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, hizo que -al menos en primera instancia- algunos miembros de ARA manifestaran intenciones de retirarse de la red para esquivar posibles confrontaciones con el Gobierno.
"Claro que hay temor", reconoce María Eugenia Gil Beróes, docente universitaria y directora de la Fundación Aguaclara: "Cuando se le explicó a las organizaciones ambientalistas que los informes para el EPU serían públicos y que, además, el Estado venezolano iba a tener la oportunidad de leerlos antes de presentar su propio informe, hubo gente muy honesta que desde el principio dijeron que les daba temor aparecer criticando, que ya tenían suficientes problemas y que por ser organizaciones pequeñas no iban a poder soportar un enfrentamiento o sus represalias. Otros dijeron que sí iban a participar, pero pasaron los días y no hicieron nada".
Finalmente, en asuntos de medioambiente para el EPU hubo apenas tres aportes de organizaciones no gubernamentales, o -mejor dicho- de la sociedad civil organizada: Aguaclara, Movimiento por la Calidad del Aire y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Fudeci.
El texto presentado por Aguaclara -fundación activa desde el año 2000, denunciante de los riesgos del PVC presente en las Petrocasas- señala, de entrada, la violación a los derechos ambientales desde una perspectiva doble: el de las restricciones a las garantías de las organizaciones civiles independientes y la propia degradación del ambiente en el país. Para Aguaclara esas restricciones violentan los derechos a la libre asociación y a expresar opiniones abierta y públicamente y comunicar información; además del ejercicio a la contraloría social.
El análisis de esta fundación apunta que al menos dos disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Popular aprobada en 2010 introducen normas que chocan contra el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución (Artículo 54). Se refiere a los artículos (7 y 8 de la LOPP) que hablan de impulsar la organización civil para construir el socialismo y que someten al reconocimiento del Ministerio del Poder Popular la existencia de estas organizaciones.
De acuerdo a esto, se obliga "a las formas asociativas a asumir el socialismo como forma única de pensamiento, siendo que esta es la única manera en que serán reconocidas por el Estado, lo cual impide el ejercicio plural y democrático del pensamiento".
Sobre la contraloría social señalan que si bien la Constitución contempla la libre participación ciudadana en asuntos públicos, los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información sobre asuntos públicos, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla el ejercicio de la contraloría sólo a las organizaciones del Poder Popular.
Esto es, las autodenominadas socialistas y revolucionarias, excluyendo, en consecuencia, a aquellas que no circulen por ese carril. Aguaclara advierte: "nuestra Carta Magna no establece como inspiración 'valores socialistas' para el ejercicio de la contraloría social".
Ley del hielo
Ese llamado de atención no puede ser tomado a la ligera. La misma receta aplica a las organizaciones civiles que trabajan en otros tópicos de los derechos humanos.
Y tanto eco ha tenido la queja común que entre las preguntas que algunas naciones -como Noruega, Canadá, Suiza y la República Checa- presentaron de manera pública al Estado venezolano en el marco de la EPU figuran algunas referidas a la posibilidad de restringir el financiamiento extranjero de las ONG, a preocupación por los intentos de silenciarlas y por el riesgo de que pierdan independencia.
No se trata sólo de la amenaza que representa la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional promulgada en diciembre de 2010. En la práctica, salvo casos afortunados, las organizaciones civiles que laboran en pro del medio ambiente son ignoradas o torpedeadas por las autoridades nacionales.
El caso de Fudeci es emblemático. Esta ONG fue fundada en 1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde 1992 trabajan en la cría de tortugas del Orinoco e incluso montaron el mayor criadero del país en su sede de Amazonas, con registros de liberación de hasta 40 mil animales por año. También se dedicaron a partir del año 2000 al trabajo con caimanes del Orinoco y en 2005 instalaron su propio zoocriadero para sacar adelante sus proyectos en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y tanto era el aporte de Fudeci, que su zoocriadero operaba como centro de acopio de tortuguillos y caimanes.
El convenio con el Ministerio de Ambiente culminó en 2008: "Mandamos muchas comunicaciones para renovarlo o para saber por qué no seguíamos trabajando", dice Omar Hernández, director de Fudeci: "Y nunca recibimos respuesta. También hemos solicitado permisos para colectar ejemplares. No nos responden. Nuestra intención es ayudar, continuar con el programa, tenemos más de 15 años de experiencia en esto, pero ni siquiera nos contestan. El Ministerio cree que debe demostrar que puede hacerlo todo. Y lamentablemente, no puede".
Y no sólo a Fudeci: "A muchas organizaciones no le responden sus solicitudes de permisos de caza científica, incluso a estudiantes e investigadores. Es como si no existiéramos. ".
Mal momento
En el documento de mayo, los miembros de la Red ARA reconocen como avance la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución y las nuevas leyes de protección ambiental. Pero advierten sobre el acelerado proceso de deterioro ambiental en el país y la gravedad de los problemas.
Y ponen el dedo en el asunto de las ONG: "...algunos sectores del Gobierno venezolano han mantenido una política de exclusión y descalificación de la acción de muchas ONG ambientales del país, lo que ha llevado a un virtual cierre de los canales de diálogo, participación y trabajo conjunto".
Hernández apunta: "El Ministerio de Ambiente debería aliarse a las ONG. Es imposible que haga todo solo. Y menos con los recursos con los que cuenta. Este año recibió apenas 1% del presupuesto nacional. Y el de Inparques representa 0,04% del total nacional. Eso es nada".
2007 habría sido el año en el que se cayeron los puentes. En Bariloche (Argentina) se realizó un evento en el que se analizaba la situación de las áreas protegidas en el mundo, convocado por la Unión Mundial de la Naturaleza. La Comisión de Areas Protegidas de Venezuela encargó a Bioparques coordinar la recopilación y presentación de la información sobre Venezuela. Isabel Novo, de la ONG Vitalis, explica que Bioparques solicitó datos a las ONG conocedoras de la materia y también al Ministerio de Ambiente y a Inparques, pero no respondieron.
"El informe se hizo sólo con la perspectiva de las ONG. Pero al llegar a Bariloche, encontramos que el Ministerio e Inparques llevaron su propia presentación", recuerda Novo: "Fue un momento incómodo. Al final se aclaró que el informe solicitado era el de la Comisión de Areas Protegidas, es decir, el de Bioparques. Y recomendaron unir la información de los dos".
Para María Eugenia Gil Beróes, ese "choque" en Argentina determinó la ruptura de relaciones: "Era una delegación oficial intentando desmentir a las ONG. A partir de allí, el Ministerio del Ambiente cerró sus puertas a las ONG. Y cada vez se profundiza más esa diferencia entre el Gobierno y nosotros".
Aguaclara era -o es- miembro del comité para la eliminación de los contaminantes orgánico persistentes (Convenio de Estocolmo), una tarea pendiente del Ministerio: "Desde hace cuatro años no nos llaman a las reuniones". Esa estrategia de ignorar a las organizaciones civiles tiene consecuencias importantes: "Las ONG buscan incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones", explica Gil Beróes: "Y si no logras eso, tu trabajo se pierde. Si las autoridades polarizan todo y dicen que no somos bien vistas y no podemos ni sugerir cosas, estamos perdiendo el derecho de los ciudadanos a participar".
"Estamos muy mal en muchos aspectos", señala Novo: "Y los problemas deben ser atendidos en conjunto por el Gobierno, las ONG y las empresas. La gestión ambiental no debe tener connotaciones políticas. Esto nos afecta a todos".
ommedina@eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111009/ambiente-hostil-contra-las-ong
miércoles, 5 de octubre de 2011
Petroleros llevaron contrato ante despacho laboral
http://eltiempo.com.ve
05.10.2011
Deisy Martínez
Este martes, la Futpv acudió al Ministerio del Trabajo para presentar su propuesta de mejora para el sector que incluye 55% de aumento de salario básico
Antes de entrar al ministerio, Wills Rangel pidió confianza a trabajadoresFoto: W. Yustis
Caracas.- La directiva de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) introdujo este martes ante el Ministerio del Trabajo, el contrato colectivo que ampara a 62 mil personas que laboran en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), más 20 mil provenientes de las contratistas.
El presidente de la Futpv, Wills Rangel informó que están solicitando un incremento de 55% del salario básico, con el cual el ingreso mínimo diario de un trabajador pasaría de Bs.F 79 a un monto superior a Bs.F 122. Sin embargo aclaró que al sumar otras incidencias, el ajuste podría alcanzar 82%.
De igual forma, el dirigente laboral dijo que plantean un aumento en el monto de la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TAE) de Bs.F 900 más mensuales. Actualmente un trabajador percibe Bs.F 2 mil 100 como bono alimenticio al mes, por lo que, de aprobarse la convención, llegaría a Bs.F 3 mil. La TAE también es recibida por jubilados de Pdvsa y sobrevivientes.
“Incorporamos una cláusula que ya tenía dos años de retraso por lo novedosa, que es la tablita (antigüedad) y se llegó al acuerdo de que cada trabajador recibirá el incremento por sus años de servicio y no por meritocracia, como ocurría antes, basada en la adulancia al patrono”, acotó.
El sindicalista aseguró a la nómina de Pdvsa amparada en la contratación, que en noviembre recibirían un pago por concepto de antiguedad, cuyo monto no reveló, con incidencia en horas extras, sábados y domingos trabajados, vacaciones, prestaciones sociales y utilidades, entre otros.
En el proceso de discusión de la propuesta de contrato sindicalistas señalaron falta del pago por aumento correspondiente a la antigüedad (cláusula 34 de la actual convención), que oscila entre Bs.F 3 hasta Bs.F 11 por día. Dado que la suma a cada trabajador debió cancelarse al inicio de la convención en 2009 (vencida el 01 de octubre), existe una deuda de Bs.F 5 mil por persona.
Otra mejora, según el dirigente, sería que los trabajadores artesanales que por su experticia pasen a nómina mayor, continuarán amparados por la contratación.
“Pedimos a los trabajadores confianza porque el gobierno a través de Petróleos de Venezuela, tiene la intención de sentarse a discutir la contratación colectiva. Obviamente nos vamos a sentar con la gente roja, rojita (...) la gente que no tiene patria no va a discutir la convención petrolera”, advirtió Rangel.
Excluidos
El secretario general de la Futpv, José Bodas, acusó a Rangel de elaborar el anteproyecto a espaldas de los trabajadores, lo que trajo como consecuencia que alrededor de seis mil personas que laboran en empresas mixtas, costa afuera, refinería de Oriente y Occidente ni de 11 muelles estatizados, fueran excluidos del proyecto.
“Llamamos a los trabajadores a un comité amplio en defensa de la contratación colectiva, en el que se pueden convocar marchas, asambleas, contra la emboscada de Pdvsa y de parte de la Futvp”, señaló Bodas.
Insuficiente
Para el secretario general de la Futpv, José Bodas, la propuesta de aumento de salario básico de 55% en el contrato colectivo es insuficiente si se toma en cuenta la devaluación del bolívar y la inflación. “El aumento deben ser de 100%”, estimó.
http://eltiempo.com.ve/locales/zonasur/laboral/petroleros-llevaron-contrato-ante-despacho-laboral/33722
05.10.2011
Deisy Martínez
Este martes, la Futpv acudió al Ministerio del Trabajo para presentar su propuesta de mejora para el sector que incluye 55% de aumento de salario básico
Antes de entrar al ministerio, Wills Rangel pidió confianza a trabajadoresFoto: W. Yustis
Caracas.- La directiva de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) introdujo este martes ante el Ministerio del Trabajo, el contrato colectivo que ampara a 62 mil personas que laboran en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), más 20 mil provenientes de las contratistas.
El presidente de la Futpv, Wills Rangel informó que están solicitando un incremento de 55% del salario básico, con el cual el ingreso mínimo diario de un trabajador pasaría de Bs.F 79 a un monto superior a Bs.F 122. Sin embargo aclaró que al sumar otras incidencias, el ajuste podría alcanzar 82%.
De igual forma, el dirigente laboral dijo que plantean un aumento en el monto de la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TAE) de Bs.F 900 más mensuales. Actualmente un trabajador percibe Bs.F 2 mil 100 como bono alimenticio al mes, por lo que, de aprobarse la convención, llegaría a Bs.F 3 mil. La TAE también es recibida por jubilados de Pdvsa y sobrevivientes.
“Incorporamos una cláusula que ya tenía dos años de retraso por lo novedosa, que es la tablita (antigüedad) y se llegó al acuerdo de que cada trabajador recibirá el incremento por sus años de servicio y no por meritocracia, como ocurría antes, basada en la adulancia al patrono”, acotó.
El sindicalista aseguró a la nómina de Pdvsa amparada en la contratación, que en noviembre recibirían un pago por concepto de antiguedad, cuyo monto no reveló, con incidencia en horas extras, sábados y domingos trabajados, vacaciones, prestaciones sociales y utilidades, entre otros.
En el proceso de discusión de la propuesta de contrato sindicalistas señalaron falta del pago por aumento correspondiente a la antigüedad (cláusula 34 de la actual convención), que oscila entre Bs.F 3 hasta Bs.F 11 por día. Dado que la suma a cada trabajador debió cancelarse al inicio de la convención en 2009 (vencida el 01 de octubre), existe una deuda de Bs.F 5 mil por persona.
Otra mejora, según el dirigente, sería que los trabajadores artesanales que por su experticia pasen a nómina mayor, continuarán amparados por la contratación.
“Pedimos a los trabajadores confianza porque el gobierno a través de Petróleos de Venezuela, tiene la intención de sentarse a discutir la contratación colectiva. Obviamente nos vamos a sentar con la gente roja, rojita (...) la gente que no tiene patria no va a discutir la convención petrolera”, advirtió Rangel.
Excluidos
El secretario general de la Futpv, José Bodas, acusó a Rangel de elaborar el anteproyecto a espaldas de los trabajadores, lo que trajo como consecuencia que alrededor de seis mil personas que laboran en empresas mixtas, costa afuera, refinería de Oriente y Occidente ni de 11 muelles estatizados, fueran excluidos del proyecto.
“Llamamos a los trabajadores a un comité amplio en defensa de la contratación colectiva, en el que se pueden convocar marchas, asambleas, contra la emboscada de Pdvsa y de parte de la Futvp”, señaló Bodas.
Insuficiente
Para el secretario general de la Futpv, José Bodas, la propuesta de aumento de salario básico de 55% en el contrato colectivo es insuficiente si se toma en cuenta la devaluación del bolívar y la inflación. “El aumento deben ser de 100%”, estimó.
http://eltiempo.com.ve/locales/zonasur/laboral/petroleros-llevaron-contrato-ante-despacho-laboral/33722
viernes, 30 de septiembre de 2011
"Porqué la MUD se acerca a su mejor momento" por Alonso Moleiro
http://www.analitica.com
Domingo, 18 de septiembre de 2011
La MUD es, la institución de la Unidad Nacional hecha ya una realidad: un espacio político reconocido como la Coalición que deberá timonear la dificultosa transición política que se avecina. Sus detractores más inclementes del pasado hoy le reconocen su autoridad
Aunque sigue teniendo cuentas por aprobar, la Mesa de la Unidad Democrática está consolidando hasta el sol de hoy, sin duda ninguna, un laborioso, planificado y meritorio proceso organizativo, técnico y político que le permite aproximarse al umbral de 2012 con inéditas posibilidades de alcanzar lo que, en caso de materializarse, sería una victoria electoral con un impacto histórico.
No se trata únicamente de haber creado una plataforma de acuerdos para organizar un cronograma electoral. En las entrañas de la MUD se cocina, en este momento, sin que casi nadie lo sepa, uno de los esfuerzos programáticos y políticos de mayor alcance y seriedad en la Venezuela de las últimas décadas. Hago esta afirmación con pleno conocimiento de causa y con entera responsabilidad.
Es la MUD, ante todo, una realidad organizativa en pleno funcionamiento. Está muy lejos de ser la instancia abstracta y desasistida que algunos se imaginan.
Hace rato que dejó de ser una suma de partidos: es un entramado político y técnico, superpuesto y equilibrado, asistido de un importante costado académico, con fuerte presencia de independientes y voluntarios, cuyas instancias se reúnen de lunes a lunes para construir un referente consolidado que atienda las demandas del largo plazo.
Los partidos que integran el bloque opositor ejercen el comando de su directiva, pero comprendieron que, para que éste sea un proyecto efectivo y viable, el todo tiene que ser algo más que la suma de las partes. Han ido encontrando, entonces, con el paso de los meses, el equilibrio perfecto para ceder a esta plataforma federada algunos atributos que cubran las demandas del ámbito unitario sin que ninguna organización, por lo demás, pierda su autonomía.
Tiene la MUD en este momento dos instancias directivas, que se reúnen todas las semanas, o más, en caso de ser necesario: el Equipo Permanente, o g-7, espacio operativo en el cual están los jefes delegados de partidos políticos más grandes, y una dirección ampliada, de carácter estratégico, el llamado g-15, con la participación del resto de las organizaciones políticas. Son esferas directivas con atribuciones complementarias, y, al mismo tiempo, claramente delimitadas. A ellos hay que sumarle una tercera rama en la toma de decisiones: la Junta Coordinadora del Grupo Parlamentario de la Unidad.
Son ellos, en tanto que dirigentes políticos, como ha dicho el propio Ramón Guillermo Aveledo, la Junta Directiva de esta coalición. Aveledo se encarga de la denominada "Secretaría Ejecutiva": una especie de Gerencia General encargada de compatibilizar y orquestar las decisiones políticas que se toman. En torno a la Secretaría Ejecutiva hay, a su vez, varios equipos técnicos y de asesoría trabajando de forma tesonera y casi siempre gratuita para producir un programa político viable y aportar en la mejora del desempeño político general de la Alternativa Democrática.
Uno de los equipos más interesantes que trabaja en torno a la Secretaría Ejecutiva lo constituye la denominada Unidad Técnica, coordinada por Marino González. Sobre sus hombros descansó el diseño de las denominadas "100 soluciones para la gente", propuesta programática de las elecciones parlamentarias del año pasado.
Si queda por ahí algún espíritu perdido dispuesto a culpar a la oposición por "no tener proyecto de país", lo único que tiene que hacer es aproximarse al ámbito de trabajo de la Unidad Técnica de la MUD. 25 equipos especializados, con 300 personas, distribuidos en razón de todas las áreas de interés nacional, se están reu
niendo en este momento de forma febril y desinteresada, una y dos veces por semana y también gratuita, para producir un documento técnico que no puede tener fisuras: el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional. En sí mismo es el desarrollo profundizado de las llamadas "100 soluciones" y que deberá ser suscrito por los precandidatos de la Unidad en un acto público a fines de este año.
Todas las áreas de interés nacional, dije: seguridad ciudadana, movilidad y desarrollo urbano, industria, economía, petróleo y energía, inflación, microempresas, ciencia y tecnología, pobreza, cultura, empleo permanente, educación, ambiente, electricidad, agroindustria, descentralización, desarrollo rural. Participan ahí, por cierto, no sólo venezolanos honorables y respetados, sino además, algunas de las cabezas mejor amobladas de este país: Roberto Briceño León, José Manuel Aller, Gisela Kozak, Ricardo Villasmil Bond, Marcos Negrón, Fermín Mármol García, Juan Martín Echeverría, Carlos Machado Allison, Maritza Jiménez, Celia Herrera, Marcos Tarre, Gioconda San Blas, entre muchísimos otros.
El documento, que debe ser consensuado, será remitido a la Comisión de Políticas Públicas de la MUD, que dirige Pedro Benítez, para que las fracciones profesionales de los partidos le den el tratamiento final con el objeto de convertirlo en una Tesis Política. Hay ya en progreso Comisiones de Enlace con los comandos de las candidaturas existentes para que éstos aporten sus observaciones y sugerencias.
Quiere esto decir que uno de los objetivos que hemos juzgado más apreciados para poder consolidar un avance sostenido ya ha comenzado a gestarse: el engarce entre los partidos y la sociedad civil.
Tendrá la MUD, entonces, el 12 de febrero de este año, además de Tarjeta, un programa político común: una bitácora de gobierno para los próximos años, pensada para la reconstrucción nacional, consultada, fruto de la voluntad de los venezolanos por sacar a su país del ruinoso y decadente estado actual. Un documento técnicamente viable, con una visión centrista de la gestión de gobierno, similar a la que ahora se adelanta en otros entornos latinoamericanos, puesta en las manos del candidato que elijan los ciudadanos en la consulta que se avecina.
La MUD es, pues, la institución de la Unidad Nacional hecha ya una realidad: un espacio político reconocido hoy por todos como la Coalición que deberá timonear la dificultosa transición política que se avecina. Sus detractores más inclementes del pasado hoy le reconocen su autoridad.
Nunca antes se había abordado un reto electoral con este margen de trabajo adelantado y armonía cotidiana. Piense el lector, por un momento, en aquel amasijo disfuncional, creado a las carreras entre un mes y otro, que fue la Coordinadora Democrática, en 2002; o en la oposición fragmentada del año 2006, un parte de la cual desconocía a la otra, deshojando la margarita en torno al significado de la palabra "dictadura" y la importancia de participar o no en unas elecciones.
Por supuesto que es un espacio con pugnas y pequeñas tensiones. Lo que se está levantando no es un club de amigos.
Los desacuerdos, que no tiene sentido desconocer, están en este momento en su punto más bajo. Se trata de un grupo de partidos políticos con intereses y diferencias en el enfoque. Es cierto, también, que persiste un trecho del trabajo que se está realizado a medias: la vocería parlamentaria es anémica; la presencia en opinión pública de la Mesa carece de la garra requerida. La MUD necesita limpiar y afinar los cañones para el reto que se avecina. Un gobierno que está destruyendo por completo a este país conserva márgenes de aceptación porque no ha podido ser desenmascarado.
Los políticos de la MUD merecen en este momento, sin embargo, todo el estímulo y el reconocimiento del país nacional.
A quienes creen que todo está perdido, o están pensando en emigrar, porque sienten que ya nada queda por hacer, yo los invito a respirar por un rato este breve interregno de responsabilidad y compromiso que nos está brindando, sin hacer mucho ruido, este costado más bien poco comentado de la realidad nacional.
Promete mucho el 2012. Nadie debería perderse el final de esta película.
alonsomoleiro@hotmail.com
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/3077441.asp
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Porqué la MUD se acerca a su mejor momento,
próximo presidente de Venezuela
jueves, 29 de septiembre de 2011
Voto Joven denuncia que puntos de inscripción están distribuidos con sesgo político
http://www.el-nacional.com
28-Sep 12:47 pm|Irelis Durand
La organización asegura que en los lugares donde ganó el PSUV hay más puntos de inscripción aunque haya menos población que los espacios donde ganó una alternativa diferente
Voto Joven advirtió que colocará afiches de Pinocho en los centros de inscripción que estén cerrados
| El-Nacional.com
El coordinador de Voto Joven, Brian Fincheltub, denunció que los puntos de inscripción al REP están distribuidos con sesgo político y no por densidad poblacional.
“En los lugares donde ganó el PSUV hay más puntos de inscripción aunque haya menos población que los espacios donde ganó una alternativa diferente al PSUV aunque tengan mayor densidad poblacional. Nos preocupa que los puntos de inscripción están distribuidos con sesgo político”.
Indicó que para las elecciones del 7 de octubre de 2012, hay unos 2.000.000 de personas que tendrán edad para votar y sólo van inscritos 160.000. “Debemos inscribir a unos 7.000 personas diarias para que todos puedan participar en las próximas elecciones”.
Instó a los directivos del Consejo Nacional Electoral a que rectifiquen la situación sobre los puntos de iscripción y los coloquen en función de la densidad de población.
“Si no rectifican colocaremos un afiche de Pinocho en todos los puntos de inscripción que estén cerrados para demostrar que le mienten a la población”.
Aseguró que se mantendrán organizados “porque los jóvenes venezolanos sabemos que no hay Estado o poder que pueda con la organización popular”
http://www.el-nacional.com/noticia/2875/16/Voto-Joven-denuncia-que-puntos-de-inscripci%C3%B3n-est%C3%A1n-distribuidos-con-sesgo-pol%C3%ADtico.html
Venezuela: “Pinocho” en puntos de inscripción del CNE cerrados
septiembre 28, 2011
El coordinador de Voto Joven, Brian Fincheltub anunció que desde el jueves iniciarán una campaña para llevar pancartas con dibujos de Pinocho a los puntos que están cerrados para dejar en evidencia la falsa en la declaración de la rectora del CNE, Socorro Hernández, quien aseguraba que el 95% de los puntos estaba funcionando normalmente.
Indicó que el artículo 23 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece que los puntos de inscripción deben estar distribuidos, según la población electoral. Voto Joven realizó un estudio que muestra datos como: población electoral en municipios y estados, comportamiento electoral en septiembre de 2010 y la lista de puntos de los 1300 centros de inscripción publicados por el CNE.
De acuerdo a la investigación de la organización se podría poner en evidencia como en municipios, donde ganó el Psuv existen más puntos de inscripción que en zonas donde hay una votación cerrada ó donde ganó otro partido político.
http://impactocna.com/2011/09/28/venezuela-pinocho-en-puntos-de-inscripcion-del-cne-cerrados/
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jueves, 15 de septiembre de 2011
La candidatura de Pablo Pérez
Representa la renovación exitosa del liderazgo político por cuanto ha demostrado durante su gestión como gobernador del Zulia sus cualidades como rector de la cosa pública, por lo que posee el equipamiento necesario para ganar las primarias y convertirse en el abanderado de la unidad nacional
http://www.talcualdigital.com
Opinión | 13/09/2011
GONZALO GONZÁLEZ
El lanzamiento de Pablo Pérez por Un Nuevo Tiempo (UNT) para competir por la candidatura de la oposición democrática a Presidente de la República es sin duda alguna una buena noticia.
Contribuye a aclarar el panorama en el campo opositor y a dotar al mismo de una opción de centro-izquierda capaz de imponerse en las primarias con un discurso de corte progresista, social y de hondo contenido federalista.
UNT adoptó la decisión correcta en esta materia y eso hay que valorarlo positivamente, así como también reconocer el gesto de Manuel Rosales de dar un paso al costado y reservar su nombre, su experiencia y sus innegables dotes como gobernante para cuando una vez, más temprano que tarde, el chavismo sea desalojado del gobierno pueda regresar del injusto exilio al cual está sometido.
Ambos el partido y Rosales han cumplido con lo que está exigiendo el país nacional en estos momentos, del partido: seleccionar su mejor carta y de Rosales: anteponer los intereses generales a los particulares.
Pablo Pérez representa la renovación exitosa del liderazgo político por cuanto ha demostrado durante su gestión como gobernador del Zulia sus cualidades como rector de la cosa pública, ha sabido llevar a cabo una gestión signada por la amplitud, la eficacia, la probidad, el sentido social y la reivindicación de la descentralización y el autogobierno de las regiones, no obstante el descarado sabotaje a que ha sido sometida su administración por parte del gobierno nacional.
Además Pablo ha sabido enfrentarse con la garra y el coraje necesario en el debate público con Hugo y sus focas sin incurrir en agresiones e insultos que han degradado la convivencia nacional.
Pablo posee el equipamiento necesario para ganar las primarias y convertirse en el abanderado de la unidad nacional, pero para que las innegables potencialidades que posee su candidatura se materialicen deben en mi criterio cumplirse dos condiciones: articular un discurso y una propuesta que se encuentren con el extenso sentimiento de cambio presente en la sociedad y sobre todo que asuma como bandera el acuciante asunto de la inseguridad ciudadana.
Por otro lado, tanto él como su partido están obligados a propiciar una amplia convocatoria para incorporar a su campaña a todos aquellos venezolanos que estén dispuestos a contribuir con su esfuerzo en el propósito común de hacer triunfar su opción el 12 de febrero y preparar el camino a la victoria en las elecciones presidenciales cuando éstas finalmente sean convocadas.
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=58437&tipo=AVA
lunes, 12 de septiembre de 2011
"Excluirán a gobiernos locales de oposición de recursos asignados a espacios fronterizos"
http://www.lanacion.com.ve
Regional - Dom 11/09/2011
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, advierte que la politización de la norma llevará a la destrucción de las fronteras cuyos gobernantes son opositores al poder central.
( Leidy Zafra )
"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios", sostiene la presidenta de la Organización No Gubernamental "Control Ciudadano", Rocío San Miguel.
Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".
Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.
A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".
Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.
Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".
De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.
Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".
"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"
Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?
-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.
Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".
Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional
Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".
-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.
Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.
-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.
Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".
http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?IdArticulo=185515&tit=%22Excluir%C3%A1n%20a%20gobiernos%20locales%20de%20oposici%C3%B3n%20de%20recursos%20asignados%20a%20espacios%20fronterizos%22
Regional - Dom 11/09/2011
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, advierte que la politización de la norma llevará a la destrucción de las fronteras cuyos gobernantes son opositores al poder central.
( Leidy Zafra )
"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios", sostiene la presidenta de la Organización No Gubernamental "Control Ciudadano", Rocío San Miguel.
Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".
Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.
A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".
Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.
Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".
De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.
Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".
"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"
Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?
-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.
Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".
Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional
Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".
-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.
Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.
-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.
Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".
http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?IdArticulo=185515&tit=%22Excluir%C3%A1n%20a%20gobiernos%20locales%20de%20oposici%C3%B3n%20de%20recursos%20asignados%20a%20espacios%20fronterizos%22
sábado, 10 de septiembre de 2011
"Chávez pretende liquidar la economía informal y popular"
http://grupolacolina.blogspot.com
EL UNIVERSAL,
DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2009
ENTREVISTA ALFREDO PADILLA, DIRECTIVO DE INAESIN
"Un régimen donde impera la llamada propiedad social es incompatible con la propiedad privada, incluso la pequeña"
Vinculado al movimiento de los trabajadores venezolanos, Alfredo Padilla se ha convertido, desde el Inaesin (Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales), en un cruzado de la economía popular y del pequeño empresario, hecho a la medida de su propia voluntad y capacidades.
A su juicio, en la medida en que crezca el desempleo y fracase la denominada economía socialista, a pesar de los intentos por liquidarla, la economía informal tenderá a crecer y eso, a la larga, provocará una confrontación: "Este Gobierno tiene la intención de asfixiar a la economía popular a través de la falacia de diversas formas de propiedad porque tanto en la acción cotidiana, como en la normativa legal, todo está dirigido a privilegiar la economía socialista, que tendrá una serie de exenciones tributarias, ventajas fiscales, oportunidades de intercambio, formación técnica y equipamiento. De manera que las empresas socialistas privilegiadas, de acuerdo con la ley, convivirán con una propiedad privada a la cual se le niegan todas las ventajas otorgadas a la llamada propiedad social.
-¿Entendemos por "economía popular" lo que se denomina economía informal?
-Hablamos de la economía sumergida que vas a conseguir por todas partes: transporte informal en los barrios, peluquerías, juegos de envite y azar, refacciones, reparaciones, construcciones, mercado inmobiliario. Todo eso es economía popular y básicamente tiene dos grandes expresiones: quienes tienen vivienda porque la construyeron ellos y quienes tienen trabajo porque se lo inventan ellos. Estamos hablando, en este último caso, de seis millones de personas que gracias a su inventiva y a su voluntad, a veces causando molestias (en el caso de los buhoneros) resuelven la vida por sus propios medios. Ahora, cuando hablamos de la autoconstrucción de viviendas nos referimos a la realización de un sueño largamente acariciado y que la gente logra acariciar gracias a su propio esfuerzo.
-Esa economía informal, que llamas popular, ¿no es producto de la obturación de salidas que le impone el capitalismo a las grandes mayorías?
-Fíjate que no porque el sistema capitalista, en otros países, le resuelve, progresivamente, estos problemas a las grandes mayorías, facilitando la inversión privada, generando empresas, garantizando la seguridad jurídica y propiciando la protección social para los desempleados. Esa es la realidad en todas las economías de mercado, mal que bien, mejor en unas que en otras. Claro que la situación empeora en países subdesarrollados como el nuestro, donde se aleja la inversión privada en una situación de crisis global y al mismo tiempo nacional y eso genera el crecimiento espectacular de la economía informal.
-Dices que va a crecer y al mismo tiempo afirmas que se le pretende asfixiar. ¿No hay allí una contradicción?
-La búsqueda de trabajo por cuenta propia va a crecer. Lo que no va a crecer es el apoyo del Estado para que esta gente salga del rebusque y el emprendimiento posterior, porque quien comienza vendiendo legumbres en la calle puede pasar luego a tener una bodega e ir creciendo progresivamente gracias al esfuerzo y la constancia.
-¿Entendemos, entonces, que el objetivo del Gobierno ya no se circunscribe a la estatización de las grandes empresas sino que ahora va por los medianos y hasta por los pequeños, formales e informales?
-En los hechos hay mucho que decir al respecto y eso se hace evidente cuando el Gobierno se propone fortalecer a las empresas de propiedad social y la economía socialista, con todo el apoyo estatal, mientras que al otro lo relega y lo persigue.
-¿A los pequeños o a los grandes?
-En la urbanización llamada Caribia, estado Vargas, el presidente entregó unas viviendas que no podrán ser vendidas, negociadas o alquiladas. Es decir, que quienes las reciben no son sus propietarios, lo cual les niega el derecho a disponer de un patrimonio, que es, en muchos casos, la única garantía de sobrevivencia a futuro. Sobre todo cuando no existe seguridad social. Y estamos hablando de 31 mil viviendas que serán entregadas en esa condición de uso y no de propiedad. Igualmente frenarán el espíritu de superación de alguien que, con el tiempo y esfuerzo, puede aspirar a vender el apartamento y comprar una casa. Lo mismo pasa con quienes levantan poco a poco su casa, bloque a bloque, platabanda a platabanda y hacen la gran fiesta cuando concluyen por- que lograron realizan su sueño sobre la base de un gran sacrificio.
-¿No es esa una forma de socialismo?
-Sí, pero este caso no es lo mismo que estaba haciendo el Gobierno en años anteriores (2002), cuando el alcalde Freddy Bernal y Fundacomún iniciaron un proceso de regularización de tenencia de la tierra urbana para legitimar la propiedad de tierras y viviendas en los barrios caraqueños, sobre todo en La Vega. Esa era una forma de fortalecer el patrimonio privado popular. Lo que está ocurriendo ahora va en vía contraria porque se quiere imponer un modelo socialista.
-Pero ya en el año 2001, con la Ley de Tierras, los campesinos perdían su condición de propietarios.
-Exactamente. El campo tiene su propia expresión de la economía popular. El conuquero es alguien que desea cultivar una tierra que sea de su propiedad porque esto le permite obtener semilla, maquinaria, créditos. Pero cuando se le entrega la tierra sin derecho a propiedad todas esas posibilidades se le cierran y él queda sujeto al arbitrio del Estado. Un caso similar, pero en Caracas, es el de los quioscos de diarios y revistas, destruidos por la Alcaldía de Libertador a sus propietarios, que los habían levantado con su propio esfuerzo. Lo que pasó en Lagunillas, Zulia, donde se intervinieron las contratistas petroleras, es peor aún, porque no sólo se perjudicó a los propietarios o a los empleados, sino a toda una cantidad de personas que suministraban servicios y bienes a la empresa y a quienes trabajaban en ella. En Ciudad Ojeda ocho mil microempresarios que formaban parte de esa cadena productiva quedaron en el aire. De manera que cuando se interviene la economía no son los grandes empresarios los afectados, sino también a la iniciativa privada popular.
-¿Qué pasa con los buhoneros?
-El alcalde Bernal saca a los buhoneros de Candelaria en nombre de los espacios culturales. Toma un terreno carísimo para un mercado provisional, la feria de Bellas Artes, asigna mil 400 puestos, pero sólo doscientos quedaron allí. El resto deambula por la calle porque ese lugar no es rentable. En el Cementerio liberaron la avenida Principal de buhoneros y mandaron a dos mil 150 trabajadores de la economía informal a morirse de hambre en una antigua chivera. La reubicación era necesaria pero hay que ofrecerles alternativas digna, mercados populares, centros comerciales. La economía informal no es un estorbo sino una oportunidad para que la gente progrese con el apoyo del Estado. Eso ha ocurrido en Medellín, Quito y Bogotá.
--Ocurre eso porque hay una intención deliberada o porque el Gobierno es ineficiente?
-Hay de todo, pero un régimen de propiedad socialista es incompatible con la propiedad privada, cualquiera sea su tamaño. En Cuba no hay buhonería legal, sino trabajo negro, matraqueado y perseguido por la policía. En la soviética Rusia arrasaron con la pequeña propiedad del campo.
-Pero Chávez dice que respeta la propiedad privada.
-Porque está en la ley, pero no en los hechos. En nombre de los pueblos aborígenes "rescatamos" la tierra para ellos, pero no les serán devueltas, sino entregadas en propiedad social, es decir, quedará en manos del Estado. Lo mismo pasa con el transporte urbano donde los propietarios de busetas deben competir con unidades del Gobierno, que cobran por debajo de los costos, están subsidiados y tienen cauchos y repuestos. ¿No es eso asfixia? ¿competencia desleal? ¿a dónde va a parar todo esto? A la delincuencia y a la informalidad más anárquica.
Roberto Giusti
http://grupolacolina.blogspot.com/2009/06/entrevista-alfredo-padilla-directivo-de.html
Advierten que ley de Costos y Precios Justos también causará la ruina de la economía popular
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Sábado 10 de septiembre de 2011
La Ley de Costos y Precios Justos llevará a la ruina a bodegueros, carniceros, comerciantes de mercados municipales, vendedores informales y otros representantes de la economía popular privada, advirtió Alfredo Padilla, integrante del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.
“La ley está inspirada en la idea gubernamental de que el encarecimiento del costo de la vida es culpa de la especulación. Y como los especuladores están en las cadenas de distribución, según las autoridades, presumimos que los más afectados serán los comerciantes populares”, dijo.
Indicó que al ampliar la cantidad de bienes y servicios que estarán sometidos al control de precios oficial la lista incluirá alimentos, calzado, medicinas, útiles escolares y vestido, entre otros se masificarán las medidas punitivas contra el sector privado.
Padilla señaló que, aunque la ley perjudicará a todos los que produzcan, distribuyan y vendan productos considerados estratégicos por el Gobierno, las empresas grandes podrán afrontar las sanciones mientras que los comerciantes populares no tendrán cómo hacerlo.
“En la mira de esta ley punitiva están los pequeños. Por eso, el Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar alerta sobre lo que puede ocurrir: Provocará la ruina de la economía popular privada”, agregó.
Antecedente
La aprobación de esta ley representa otro ataque contra los comerciantes populares, pues hace unos meses se intentó prohibir mediante resolución la venta de alimentos regulados en puestos callejeros, apuntó Padilla.
“El Estado debe recordar que esa resolución, que perjudicaba especialmente a los vendedores de mercados a cielo abierto, generó una reacción tan negativa que tuvo que revocarla de manera casi inmediata”.
Señaló que cuando se acusa a un buhonero de especulador porque vende un alimento por encima del precio regulado, no se toma en cuenta que pagó un costo adicional por obtenerlo (a empleados de Mercal, por ejemplo).
EL NACIONAL
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miércoles, 7 de septiembre de 2011
Consejos Comunales De La Región Exigen Proyectos De Viviendas A Indhur
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Miembros de los consejos comunales de los nueve municipios.
San Carlos, septiembre 06.- Consejos comunales de los nueve municipios que hacen vida en la región se apostaron este martes en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (Indhur), para protestar pacíficamente debido a ciertos descontentos con las autoridades regionales.
Los manifestantes afirmaron que la situación se debe a que Marielena Villaqueran, directora encargada de la institución, en diferentes ocasiones ha ofrecido a cada Consejo Comunal un supuesto proyecto de vivienda, el cual según declaraciones asumen que han sido engañados.
Asimismo, una de las afectadas mencionó que en los sectores “El Molino II y Conaima existe un aproximado de 300 casos, que están puestos a la orden de la Contraloría, ya que las casas se están cayendo, no tenemos donde dormir, la solución es trasladarnos hasta Caracas para hacernos sentir ya van ocho meses de reclamos y no hemos sido atendidos”, resaltó.
Por su parte, Militza Quinteros, miembro del Consejo Comunal Sabana Grande de Tinaquillo, indicó que en el 2009 se introdujo un listado de 10 viviendas y hasta las fechas no han obtenido respuestas.
“Queremos solución al problema, ya que los documentos están en regla, de no cumplir con lo acordado tomaremos acciones de sacar a la comunidad a la calle, en conversación con el mandatario regional, nos dijo que el proyecto estaba aprobado y que nos dirigiéramos a Indhur, para no nos dan la cara”, aseguró.
Finalmente, Hacen un llamado al Gobernador Teodoro Bolívar a que haga una corrección a dicha institución, ya que viene presentando ciertas irregularidades, además en el estado existe gente preparada para asumir estos cargos.
http://www.lasnoticiasdecojedes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13102:consejos-comunales-de-la-region-exigen-proyectos-de-viviendas-a-indhur&catid=41:regionales&Itemid=81
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domingo, 4 de septiembre de 2011
Diputado Ojeda critica tres créditos adicionales para Barinas: “Pido recursos para estados no oficialistas”
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Video: Globovisión 30 de agosto de 2011
El diputado a la Asamblea Nacional William Ojeda criticó la asignación de tres créditos adicionales aprobados el día de hoy en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para el estado Barinas. ¿Por qué no hay recursos adicionales para las regiones que están gobernadas por quienes representan la alternativa democrática?, preguntó.
Ojeda aseguró que sería “detestable” una acción discriminatoria por parte del Ejecutivo Nacional de discriminar las regiones cuyos gobernantes no militen en el partido de Gobierno. “Esa actitud no se puede tolerar, la acción de gestión pública tiene que ser para todos“, denunció el parlamentario de oposición al tiempo que solicitó recursos para otras entidades del país.
Expresó que estados como Miranda, Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Táchira no perciben asignaciones adicionales, y destacó que las necesitan. También recordó que “en una ocasión se conoció un pronuciamiento del Ejecutivo Nacional dijo que no daría recursos a Pérez de León de Petare por que ahí gobernada alguien distinto a la visión oficialista”.
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/308614/diputado-ojeda-critica-tres-creditos-adicionales-para-barinas-pido-recursos-para-estados-no-oficialistas/
Video: Globovisión 30 de agosto de 2011
El diputado a la Asamblea Nacional William Ojeda criticó la asignación de tres créditos adicionales aprobados el día de hoy en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para el estado Barinas. ¿Por qué no hay recursos adicionales para las regiones que están gobernadas por quienes representan la alternativa democrática?, preguntó.
Ojeda aseguró que sería “detestable” una acción discriminatoria por parte del Ejecutivo Nacional de discriminar las regiones cuyos gobernantes no militen en el partido de Gobierno. “Esa actitud no se puede tolerar, la acción de gestión pública tiene que ser para todos“, denunció el parlamentario de oposición al tiempo que solicitó recursos para otras entidades del país.
Expresó que estados como Miranda, Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Táchira no perciben asignaciones adicionales, y destacó que las necesitan. También recordó que “en una ocasión se conoció un pronuciamiento del Ejecutivo Nacional dijo que no daría recursos a Pérez de León de Petare por que ahí gobernada alguien distinto a la visión oficialista”.
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martes, 30 de agosto de 2011
Franklin Brito enseñó a los venezolanos a luchar por sus derechos” (+Fotos)
Foto: JC / Archivo
Hace un año, un paro cardiaco acabó con la vida del productor agropecuario Franklin Brito, luego de sostener varias huelgas de hambre que deterioraron su estado físico, mientras protestaba para que le devolvieran las 290 hectáreas de su finca que fueron invadidas con un ganado que dañó los cultivos.
Su viuda, Elena Rodríguez de Brito, no cree que haya valido la pena que su esposo luchara al punto de acabar con su vida. Dijo que, aun hoy, a pesar de que agotó las opciones en el país y en instancias internacionales, el Gobierno no ha hecho justicia en el caso.
Elena y sus cuatro hijos (Francia, Ángela, Franklin y José) perdieron a Franklin Brito y las tierras que los mantenían.
Es por esto que hoy la viuda tiene que vender comida por encargo, dictar clases de tareas dirigidas en su casa y realizar transporte escolar para mantener a su familia. Aseguró, tajante, que nadie los financia, como afirman algunos miembros del Gobierno.
Explicó que siguen buscando justicia en el caso de su esposo, por lo que el 31 de mayo de este año consignaron un documento ante el Ministerio Público, en el que pedían que se esclarecieran las causas del deceso: “Yo responsabilizo al Gobierno de la muerte de mi esposo. Aún no hemos obtenido respuesta y ya ni esperamos que nos la den”.
El abogado de la familia Brito, Alberto Arteaga Sánchez, aclaró que la denuncia se introdujo ante la Dirección de Derechos Fundamentales, pero fue recibida por la de Delitos Comunes y se encuentra en manos de la Fiscalía 62 Nacional.
Dijo que se trata de determinar responsabilidades por la privación de libertad y reclusión forzosa a las que fue sometido cuando lo trasladaron de la sede de la OEA al Hospital Militar. “Su huelga de hambre fue interrumpida con el alegato de proteger su salud”.
Lamentó que esa decisión, en lugar de ayudarlo, contribuyera con su muerte. El abogado dijo que el Estado debería brindar una respuesta, pero hasta el momento no ha habido citaciones en el caso.
“Brito fue un ejemplo para el país y, a pesar de lo que algunos señalan, no fue una persona afectada en sus facultades mentales. No fue un hombre que quiso morir (…) Fue un hombre que expresó su voluntad y luchó por vivir dignamente“, agregó Arteaga Sánchez.
La hija del productor, Ángela Brito, retomó sus estudios de Ingeniería Geológica en la Universidad de Oriente, luego de acompañar a su padre en la huelga hasta el momento en que murió. Lamentó que la propiedad por la que Brito dio su vida esté abandonada y que el Instituto Nacional de Tierras siga sin admitir que hubo irregularidades en las cartas agrarias.
Aseguró que, a pesar de ello, la familia no se detendrá en su lucha y que deposita toda su esperanza en la Organización de Estados Americanos.
Madre e hija coincidieron en algo: el mayor logro de la lucha de Brito fue enseñar a los venezolanos que tienen que pelear por sus derechos. Explicaron que muchas personas que decidieron protestar mediante una huelga de hambre admitieron ante ellas que lo hicieron inspiradas en los actos del productor. “A pesar de su muerte, Franklin Brito rescató la justicia de su país”, agregó su viuda.
Por Álex Vásquez S.
Con información de El Nacional
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