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Viernes 14 de Octubre 2011
12 de Octubre 2011
El mandatario asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, donde los gobernadores democráticos fueron maltratados por los altos representantes del Gobierno, y denunció que lo decidido por ese Consejo es una demostración más del alto grado de retaliación al que ha llegado la administración del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en contra del pueblo neoespartano.
Aduce el mandatario insular que nunca en la historia republicana un Gobierno ha actuado con tan mala fe, prevalido del poder que ostenta, para frenar las aspiraciones de los margariteños y cochenses de querer garantizarse una mejor y mayor calidad de vida.
Agregó que esa política, de muy mal gusto, irresponsable y dañina, demostrativa de que no se tiene sensibilidad social alguna sino el propósito de defender a quienes lo respaldan y castigar al adversario, igualmente denota que lo político partidista y la irresponsabilidad tienen mayor importancia que los intereses reales del pueblo venezolano.
El mandatario, que asistió a la III Reunión del Consejo Federal de Gobierno, reclamó asimismo que no fue para nada respetuoso el trato que allí les dieron a los gobernadores democráticos, los altos representantes del Gobierno, comenzando por el Vicepresidente, quien les advirtió que se fuesen preparando para entregar sus cargos porque la victoria electoral sería para el oficialismo.
Recordó que nunca algo parecido sucedió en cualquiera de las muchas reuniones que en la era democrática congregaba a los gobernadores y al Presidente de la República, para discutir los Planes de la Nación, el presupuesto nacional y el situado constitucional. Los gobernadores acudían con su equipo económico a defender planes y programas. No iban a una encerrona en donde los cayapeaban, sino a un escenario en donde lo plural figuraba en la agenda y la discusión era serena, firme y democrática.
-La historia registra que en esos eventos resaltaba la consideración, se respetaba al funcionario y sus responsabilidades, y sobre todo se permitía hablar, solicitar, defender y criticar a los gobernantes sin que se corriese el riesgo de la amenaza y de la ofensa. El Gobierno cumplía y hacía cumplir la Constitución. No la violentaba, ni la sustituía como hoy en día sucede por leyes que responden a simples conveniencias politiqueras circunstanciales.
Se preguntó el gobernador de Nueva Esparta por qué a su estado, una vez más, por la vía de la imperdonable retaliación, se le disminuyeron los recursos, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles son los parámetros reales que el Gobierno maneja para decidir qué cantidad de dinero le corresponde.
Advirtió que la cifra asignada por el Consejo Federal de Gobierno, que escasamente sobrepasa los 166 millones de bolívares, de verdad resulta insuficiente y el propio Gobierno así lo sabe. Considera, además, como muy injusto el trato que en los casi doce años de Gobierno del presidente Chávez, Nueva Esparta ha recibido recordando que, por ser un estado fronterizo e insular, ese trato ha debido ser preferencial, como sucede con un estado fronterizo e insular en cualquier parte del mundo.
Dijo desconocer cuáles criterios técnicos aplica el Gobierno a la hora de decidir el monto de recursos que le envía a Nueva Esparta, salvo los estrictamente politiqueros, los de represalia, los del pase de factura y los de una exclusión de verdad aberrante que, en su opinión, y por supuesto, siguiendo directrices del alto Gobierno, emplean los funcionarios rojo-rojitos en contra de Nueva Esparta.
-Actúan así porque bien saben que la democracia llegó para quedarse en tierra insular, donde no entrará nunca el comunismo. Y como eso es cierto, utilizan la vieja e incierta excusa del INE en cuanto a que en Nueva Esparta habitan 350 mil y no 750 mil personas. ¿Por qué al estado Apure, por ejemplo, sí se le otorgan recursos suficientes, que por cierto, a la fecha no se han podido justificar los recibidos, que han sido cuantiosos, ni en obras ni en facturas.
El gobierno sabe que Nueva Esparta, bajo su administración, ha sido siempre el primero en la elaboración, presentación y ejecución de proyectos de verdadero beneficio popular. Por ser el más eficiente, realidad que el Gobierno reconoce públicamente, plantea, debe recibir los recursos que necesita, pero se los niega para impedirle al gobierno regional implementar más programas sociales, edificar más viviendas y financiar, por ejemplo, la construcción de la autopista que enlazará Juangriego con La Asunción.
Dice el gobernador Rodríguez Ávila que esa exclusión, línea que acata todo funcionario de cualquier nivel, no sólo humilla al ciudadano que no está de acuerdo con que el presidente Chávez cambie la democracia por el comunismo en Venezuela, sino que muestra el pésimo criterio que sobre el desarrollo nacional manejan el gobierno y su partido, la Asamblea Nacional y los restantes poderes públicos, todos actúan frontal y visceralmente en contra de los gobiernos regionales y locales que defienden la democracia.
Explica que los 166 millones de bolívares no son suficientes, recordando que por la subestimación del precio del petróleo, Nueva Esparta dejó de percibir en este año 2011 un total de 1.215 millones de bolívares, y la deuda, que ya sobrepasa los 300 millones, que el Gobierno no ha honrado y por lo visto no honrará, evidencian el maltrato que a la región insular le ha producido el gobierno que se dice revolucionario y tener como objetivo único el bienestar del pueblo.
-Resulta inaceptable que el presidente Chávez haya partido a Venezuela en dos porciones: la que presuntamente sí recibe, porque es roja-rojita, la atención preferente del Gobierno, y la otra, la democrática, que evidentemente mantiene en el olvido.
Cree el gobernador que esa división, que ya es profunda y está haciendo mucho daño en el cuerpo social venezolano, debe terminarse, advirtiendo que en las regiones que conforman la porción oficialista, la problemática es de enorme gravedad en todo sentido.
-Lo que sucede es que sus gobernadores y alcaldes están obligados, muy a pesar suyo, a guardar el más estricto de los silencios y, porque lo sabemos, impedidos de manejarse con la verdad. Pero la realidad, como la luz del sol, no puede taparse con un dedo. Las manifestaciones diarias en el mapa nacional son el más claro retrato de un país problematizado, cuyo pueblo sólo espera la hora de votar para emprender el anhelado cambio, enfatizó Morel Rodríguez./ENFOQUES365
http://enfoques365.net/N30109-exclusin-enmarca-accin-de-gobierno-revolucionario-afirma-gobernador-morel-rodrguez.html
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viernes, 14 de octubre de 2011
Exclusión enmarca acción de gobierno revolucionario, afirma gobernador Morel Rodríguez
lunes, 12 de septiembre de 2011
"Excluirán a gobiernos locales de oposición de recursos asignados a espacios fronterizos"
http://www.lanacion.com.ve
Regional - Dom 11/09/2011
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, advierte que la politización de la norma llevará a la destrucción de las fronteras cuyos gobernantes son opositores al poder central.
( Leidy Zafra )
"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios", sostiene la presidenta de la Organización No Gubernamental "Control Ciudadano", Rocío San Miguel.
Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".
Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.
A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".
Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.
Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".
De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.
Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".
"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"
Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?
-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.
Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".
Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional
Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".
-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.
Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.
-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.
Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".
http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?IdArticulo=185515&tit=%22Excluir%C3%A1n%20a%20gobiernos%20locales%20de%20oposici%C3%B3n%20de%20recursos%20asignados%20a%20espacios%20fronterizos%22
Regional - Dom 11/09/2011
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, advierte que la politización de la norma llevará a la destrucción de las fronteras cuyos gobernantes son opositores al poder central.
( Leidy Zafra )
"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios", sostiene la presidenta de la Organización No Gubernamental "Control Ciudadano", Rocío San Miguel.
Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".
Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.
A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".
Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.
Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".
De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.
Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".
"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"
Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?
-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.
Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".
Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional
Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".
-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.
Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.
-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.
Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".
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