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Martes, 12 de julio de 2011
Desde que asumió el poder, el gobierno chavista impuso una nueva y aberrante modalidad en el trato al empleado o servidor público.
La discriminación política en ese sector que nunca había sido aplicada en Venezuela empezó a utilizarse, con este régimen.
Hoy día, para ser empleado público, es necesario que el aspirante sea ideológicamente afecto al gobierno. Incluso, surgió una enorme lista, conocida como la lista de Tascón, en alusión al maligno desaparecido personaje político, diputado Luis Tascón quien la creo y distribuyó, con millones de nombres de venezolanos, a quienes les quitaron el derecho constitucional de trabajar en el sector público.
No contentos con eso, la lista se extendió al sector privado de empresas que trabajaban para el gobierno, o son afectas o allegadas a este. Cientos de Miles de venezolanos quedaron desempleados y/o han visto su futuro perdido o afectado, debido a esta práctica perversa y condenable.
Luego de eso, vinieron las obligaciones o premisas que todo empleado público debe tener para con el partido del gobierno, a objeto de conservar su trabajo. Asistir a las convocatorias políticas que el gobierno organice. Vestirse de rojo en el trabajo. Obedecer ciegamente las instrucciones políticas que les den los respectivos supervisores o jefes, aún cuando estas no tengan nada que ver con el trabajo, ni la profesión del empleado en sí.
Y algo inusitado, grotesco y nuevo. Al igual que hacen en Corea del Norte, entre otros países totalitarios y excéntricos, se les inculca el deber de sentir idolatría, admiración y/o rendir culto al líder máximo del gobierno o presidente de la republica, Hugo Chávez. El incumplimiento de estas obligaciones o premisas es motivo de despido inmediato y sin apelación legal por parte del empleado. Como puede deducir el amigo lector, en Venezuela se está aplicando el fascismo puro y perverso que aplicó el dictador Hitler en Alemania. Algo abominable.
Cuando el personal profesional de PDVSA se sumó a la huelga en diciembre de 2002, junto a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV y a organizaciones políticas de la oposición que la apoyaban, el propósito principal que había detrás de esta acción, era precisamente el de evitar que el gobierno politizara toda la administración pública; de la que PDVSA venía siendo el principal y mayor objetivo. Como resultado de la fallida huelga, botaron violentamente, entre gestos de burla del presidente Hugo Chávez, a más de 20.000 valiosos y aptos empleados, de la empresa a la cual habían dedicado su vida y juventud.
Con este tipo de conductas y políticas, el chavismo está demostrando y señalando, tal como lo ha insinuado chistosa y burlonamente en múltiples ocasiones el mismo presidente del país, que han pensado seriamente en que jamás saldrán del poder, y Hugo Chávez permanecería por 50 años o más en la presidencia de Venezuela al igual que su par de Cuba Fidel Castro.
Los empleados públicos no chavistas, que han podido sobrevivir a esta depuración al estilo fascista, han tenido que soportar toda clase de abusos y vejaciones, de parte de los jerarcas del régimen, para conservar su trabajo y garantizar la alimentación a sus familias.
Los empleados públicos, en especial los que no están totalmente adoctrinados por sus principios, dignidad, creencias y valores; están totalmente indefensos ante esta maquinaria diabólica que les controla férreamente. Los chavistas convencidos y fanatizados, avalan y disfrutan este horrible y dantesco espectáculo.
En época de elecciones, los empleados públicos son advertidos verbalmente, y algunas veces por escrito, de que si no votan por el candidato del gobierno, serán expulsados del trabajo de inmediato. El colmo de la intimidación llega a tales niveles, que para asegurarse de ello, les informan que tienen formas de saber por quién o quienes votaron.
La lista de empleados públicos que renunciaron a su trabajo por este perverso trato, y los que han sido despedidos por no satisfacer las expectativas políticas de los funcionarios del régimen que las aplican, es muy extensa.
Aún cuando no se dispone de estadísticas confiables para publicar, debido a la hermeticidad del régimen en este renglón entre otros, se presume que las cifras deben ser del orden de los cientos de miles de empleados públicos que se han ido o retirados forzosamente, para ser reemplazados por otros empleados públicos, leales al proyecto revolucionario comunista, que se nos quiere imponer a la fuerza y/o con argucias a los venezolanos.
En consecuencia, y ante la posibilidad muy probable, de que el gobierno chavista perdería las elecciones de 2012, debido a la disminución acelerada de su popularidad y aceptación; para garantizar la paz y la gobernabilidad del país, el nuevo gobierno democrático, tendrá que resolver muchísimos álgidos problemas, entre los que destacan el del adoctrinamiento del empleado publico.
Gobernar y administrar a un país, con un empleado público, mayoritariamente ideologizado y fanatizado al marxismo leninismo, como se supone estaría el actual, cuya nomina real debe ser algo superior a los 2 millones de empleados públicos directos, es contraproducente, peligroso y difícil. Es algo así como tener al enemigo en casa.
Habría cientos de miles de empleados resentidos, quienes pudieran servir de quintas columnas del supuesto extinto régimen, quienes harían lo posible por que el nuevo gobierno fracase. Al Menos que se produzca una amnistía nacional acompañada de arrepentimiento y perdón, que lo impida o límite, pienso que de alguna manera habría que salir, parcial o mayoritariamente de estos, lo cual no implica violación de los DD.HH., ni de pagarles con la misma moneda.
Por otra parte, habría que considerar con cuidado, a un gran sector de empleados públicos chavistas, “recuperables” para la democracia, quienes por miedo a perder su trabajo, han sido utilizados y manipulados malvadamente en beneficio del proyecto comunista chavista, para adoctrinarlos y volverlos enemigos del sector demócrata del país. Un tema para al menos meditarlo, ¿verdad amigo lector?
gzurga74@gmail.com
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/7506304.asp
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