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Por Laura Helena Castillo
El abogado Carlos Romero Mendoza considera que los casos de falta de transparencia administrativa en el Poder Municipal van a agravarse con las comunas, porque sólo serán fiscalizadas por la contraloría social. "El único que tiene la posibilidad de sancionar es el Estado", dice
Es una embestida por dos flancos: las leyes del Gobierno central y la desinformación y el desgano de la población.
Con la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, de la del Consejo Federal de Gobierno y de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, así como con la nueva Ley de Comunas, el Poder Municipal unidad político territorial primaria del Estado y bandera de la descentralización entrará en una fase de redefinición de sus funciones, muchas de las cuales también han sido asignadas al poder popular.
Carlos Romero Mendoza es abogado, participó en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado entre 1996 y 1998 y fue asesor de los municipios Chacao (2005) y Baruta (2006 a 2009). Es autor de los libros Comunas vs Municipios, un debate ciudadano y Distrito Capital, una estrategia política. En el primer texto alerta sobre la amenaza a la autonomía del municipio a causa del nuevo orden territorial que en la práctica imponen las comunas y las ciudades comunales.
Pero la creación de un modelo paralelo, de ambiguas competencias, no es lo único que pone en riesgo las instancias del Poder Municipal (sobre todo los concejos municipales).
El abogado habla de un asunto más simbólico: ¿cuál es la identificación de los ciudadanos con las figuras del municipio?, ¿cuántos conocen a sus concejales?, ¿cuántos saben que pueden pedirles rendición de cuentas?, ¿por qué no hubo grandes movilizaciones de la sociedad civil o los vecinos organizados para impedir la eliminación de las juntas parroquiales? Además, el debilitamiento de los concejos municipales se agudizó con el retraso de las elecciones que debieron efectuarse inicialmente en 2009 y después, cuando finalizaron la reforma de la Ley del Poder Público Municipal, en 2010. Pero no se realizaron.
Mientras, a finales del año pasado se asentó todo el tejido legal del poder popular. "No veo que haya un debate profundo sobre el tema de las comunas y el municipio.
Mientras el Gobierno anuncia talleres, foros y divulgación de este producto llamado comunas, ¿qué sociedad vende la oposición? Pareciera que la participación es un tema que el Gobierno ha monopolizado", dice.
--Si en instituciones con fiscalización, como los concejos municipales, la Contraloría General halla importantes irregularidades administrativas, ¿qué sucederá con las comunas y la contraloría social?
--Si hay tantos problemas de control interno en las instituciones tradicionales, con las normas de control fiscal, cómo será en el caso de las comunas en las que la contraloría queda en manos de los ciudadanos. Ahora quedan informes de actuación escritos, son públicos, el ciudadano puede revisarlos. Con las comunas no será así.
--¿El vecino no es el mejor contralor? --El vecino puede hacer contraloría social y debe preocuparse por la salud financiera del municipio, pero no es un funcionario para asumir esa tarea. Para eso hay empleados públicos técnicamente capacitados. Si le quitas al Estado la función contralora, ¿para qué tenemos Estado? Además, ¿quién forma a los ciudadanos para hacer contraloría social? ¿El Estado? Eso sería válido, pero la responsabilidad de control debe ser compartida. El único que tiene la posibilidad de sancionar es el Estado.
--¿Los problemas de transparencia pueden agravarse dentro del poder comunal? --En toda situación en la que se manejan recursos públicos sin control de un órgano externo hay una alta probabilidad de que se cometan actos en contra de la transparencia, y más en un país como éste, en el que lo público no le duele a nadie. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación publiquen cuántos recursos se le dan a los consejos comunales y a las comunas y no exista ninguna organización o un partido haciendo contraloría social?
--¿De seguir robusteciéndose el poder popular, el consejo comunal podría desplazar al concejo municipal? --Más que el consejo comunal, el conflicto podría venir con las comunas porque el gobierno municipal goza del principio de autogobierno, especialmente a partir de 1989 con la elección universal, directa y secreta de sus representantes, y la comuna también. ¿Cuál va a prevalecer? La comuna ni siquiera está gobernada por las ordenanzas municipales. Tiene una autonomía que amenaza seriamente la autonomía del municipio. El alcalde tiene que atender los planes comunales, según la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación. Imagínese en un municipio en el que hayan 24 comunas.
Romero cree que la convivencia entre ambos modelos puede animar situaciones de anarquía. "La comuna va a tener autonomía para administrar recursos del Consejo Federal de Gobierno. Podría tener más recursos que el propio municipio, debilitando la expresión del Estado que debe atender a los ciudadanos.
Nada de esto es sostenible.
Son mecanismos de organización territorial para el control político. Giovanni Sartori, en el libro La democracia en 30 lecciones dice que hay que tener cuidado de no pasar de una democracia al servicio del ciudadano a una de un ciudadano al servicio de la democracia".
--¿La muerte de la figura de la junta parroquial afectó el municipio? --No creo, porque nunca se entendió para qué era. Se quedaron reducidas en acciones muy concretas, que estaban bien, pero no lograron traducir lo que la ley les permitía para que la gente tuviera entidad con su junta parroquial.
--¿Qué hacen los alcaldes para interactuar con las comunas? --Mi sensación es que ellos creen que esto no va a prosperar. La actitud es "dejar hacer, dejar pasar". Por ejemplo, las páginas web de los principales municipios no ofrecen suficiente información para involucrar al ciudadano a los consejos locales de planificación. Puede ser que el próximo año, si hay un cambio de Presidente, haya un cambio de rumbo, pero lo lamentable es que de aquí a 2012 vamos a tener unos municipios muy debilitados.
--¿El retraso de las elecciones de concejales debilita la imagen del ayuntamiento? --La postergación de las elecciones es una estrategia que beneficia al poder central porque la gente deja de darle importancia al concejo municipal. Lo más grave es que debilita el concepto de representatividad; el distanciamiento entre los funcionarios elegidos y la gente perjudica al Poder Municipal. Mientras un sector del país recibe una ideologización sobre un proyecto llamado comuna y compra esa idea, por utilidad o convicción, no encuentra una oferta de identificación en los concejos municipales, como órgano deliberante del Poder Municipal. La identificación de la gente con los concejos es muy poca. Haga una encuesta a 10 personas y probablemente ninguna sabrá cómo se llaman sus concejales.
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