La exclusión desinfla el poder popular

COMUNIDAD Cerca de 1.000 consejos comunales han denunciado discriminación política en Fundacomunal

EL NACIONAL - Viernes 25 de Marzo de 2011
FLORANTONIA SINGER

en la plaza Brión de Chacaíto, se creará un frente de lucha de los segregados

La taquilla única de Fundacomunal se convirtió en una proveeduría de excusas. Cada vocero tiene una anécdota qué contar en la instancia que prometía facilitar la participación popular.

Han oído de todo: vuelva otro día, los papeles se perdieron, hizo el proceso de forma incorrecta, debe repetir las elecciones. Esas son parte de las justificaciones dilatorias al proceso de adecuación que tuvieron que emprender más 30.000 asociaciones constituidas en todo el país para adaptarse a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sancionada en diciembre de 2009. En las oficinas de Fundacomunal ­ente en el que deben registrarse esas organizaciones- los ciudadanos han conocido una burocracia, que también los ha segregado.

Dirigentes como Manfredo González lo califican de apartheid político. Los consejos comunales tendrán la responsabilidad de elegir a los miembros de las juntas comunales, que sustituyen a las juntas parroquiales, en elecciones de segundo grado, de acuerdo con la reciente reforma de la Ley del Poder Público Municipal. "Si no tienes el registro, no podrás participar", subrayó.

Además, es potestad de los consejos comunales escoger a los miembros de los Consejos Locales de Planificación, cuya ley también se reformó y obliga a adecuar esas instancias en un plazo que vence la próxima semana.

La falta de legalización limita la obtención de recursos del Ejecutivo, que en febrero aprobó la transferencia a las comunas de 1,9 millones de bolívares provenientes del Fondemi.

Frente de excluidos. González está de manos cruzadas frente a la gestión para obtener el certificado del consejo comunal al que pertenece, que se localiza en El Marqués. La complejidad del proceso, los cambios constantes en la legislación y la traba para obtener el registro ha espantado muchas iniciativas comunitarias. Pero los voceros de su organización, sin embargo, han decidido prescindir de los recursos del Gobierno nacional y trabajar de forma mancomunada con la Alcaldía de Sucre.

La Asociación de Vecinos de El Marqués aún sobrevive y a través de ella tienen RIF y cuenta bancaria.

"Hay consejos comunales que han hecho lo necesario para lograr el registro y aún así no lo consiguen. La adecuación del consejo comunal a la nueva ley, entre otras cosas, depende de firmar un documento que dice que tu consejo comunal está trabajando en pro de la patria socialista y eso no se lo cala todo el mundo", dijo.

González lo ve claro en los números. De los 27 consejos comunales que hay en las urbanizaciones del municipio Sucre, sólo 1 ha logrado obtener el registro. Las trabas para la adecuación han afectado las zonas donde supuestamente los residentes son de oposición.

La situación se repite en otros municipios: en Baruta, de 80 consejos comunales conformados, 37 lograron obtener el registro y la mayoría tiene el período vencido. En Chacao, sólo los de los barrios El Pedregal, La Cruz y Pajaritos son legales; el resto del municipio, articulado en 23 agrupaciones, no ha logrado el trámite.

La discriminación impulsó la creación del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos, que realizará su primera gran asamblea mañana a las 10:00 am en la plaza Brión de Chacaíto. Los organizadores de la actividad han entrado en contacto con cerca de 1.000 organizaciones que se consideran discriminadas. La reunión permitirá articular una red de ciudadanos que exigirá condiciones iguales para la participación. En el lugar se instalará una especie de taquilla única, donde se atenderá a las organizaciones y se dará asesoría en caso de que sea necesario, explicó Kiomara Scovino, miembro de la comisión organizadora de la actividad.

El diputado William Ojeda, de la Mesa de la Unidad Democrática, respalda el frente y promueve un anteproyecto de ley que buscar promover la autonomía del poder popular: "Esta situación hace que cualquiera que tenga una iniciativa comunitaria se inhiba, por frustración. Nosotros creemos en el poder popular, pero sin tutelaje, sin que sea una extensión del partido de Gobierno".

Escuela de socialismo a cambio de certificado

El 6 de junio de 2010, un tweet de celebración informó sobre la realización de las elecciones de uno de los consejos comunales de San Bernardino. "¡Consejo Comunal Ceiba del Ávila es un hecho!".

Un año tomó desperezar a los residentes de siete avenidas de San Bernardino para organizar el proceso, que quedó trabado en la taquilla única de Fundacomunal en el municipio Libertador.

El consejo comunal tiene cuenta en Twitter, página web, franelas y logo, pero desde hace nueve meses espera el documento que lo acredita ante el Gobierno central.

"En la zona no teníamos organización, y cada vez que queríamos plantear un problema de servicios nos decían que si no teníamos consejo comunal, no podíamos pedir nada. En septiembre 2009 comenzamos a armar el consejo. Buscamos al funcionario de enlace en Fundacomunal, que fue Pedro Wippe, hicimos todas las asambleas y convocamos a elecciones el 6 de junio del año pasado, pero el representante del Gobierno no acudió", relató José Gregorio Castillo, vocero del consejo comunal.

Al entregar la carpeta con los recaudos, les objetaron el mapa del ámbito del consejo comunal. "Nos lo hizo un arquitecto, pero nos dijeron que tenía que ser el que emite la alcaldía, que es el mismo que te da el Google. Finalmente, lo entregamos".

Sin embargo, la certificación del empleado de Fundacomunal que no asistió a las elecciones sería el salvoconducto para obtener el registro. Wippe les dijo que les faltaba completar un paso más, que no está establecido en la ley: asistir a una escuela de formación de consejos comunales.

Durante una semana de noviembre, entre las 7:00 am y las 6:00 pm, un grupo de 22 voceros del consejo comunal asistió a las sesiones en la biblioteca pública San José del Ávila. Pensamos que ahí nos podrían enseñar a armar proyectos, a llevar las finanzas, pero eso era adoctrinamiento ideológico".

Las sesiones incluían cantar el Himno Nacional y el del PSUV, repetir consignas a favor del presidente Hugo Chávez, que incluían zapatear en el piso y alzar los puños, además de usar camisas rojas. "Ahí nos regañaban y nos humillaban.

De 22voceros, 17 completamos el curso. Nos dieron el certificado hace más de un mes, pero aún no tenemos el registro de nuestro consejo comunal".

Demanda por abstención

En Baruta decidieron tomar el camino legal frente al silencio institucional. En diciembre, los consejos comunales de El Peñón, Santa Rosa de Lima y Prados del Este demandaron ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo a Fundacomunal, por abstenerse de responder en los tiempos reglamentarios las solicitudes de certificación de las organizaciones comunitarias.

Los dos primeros casos fueron admitidos y esperan que comience el juicio. Sin embargo, María Elena Arnal, vocera del Consejo Comunal de Santa Rosa de Lima, continúa preocupada porque la mayoría de las asociaciones de Baruta podrían quedar por fuera en la postulación y elección de los consejos locales de planificación de políticas públicas, cuya ley fue reformada y exige la participación de consejos comunales debidamente registrados ante el Ministerio de las Comunas. "No nos dejan participar, y la justicia en este país no es expedita", señaló.

Aunque cumplieron el proceso correctamente, quedaron por fuera de la transferencia de recursos que hizo la Gobernación de Miranda en diciembre, porque no tienen el registro.

"Hace 5 años estamos constituidos, nos renovamos 2 años después, el año pasado hicimos la adecuación y hay que ver que difícil es conseguir 50 personas comprometidas que quieran trabajar voluntariamente.

En mayo entregamos los recaudos en Fundacomunal y nos dijeron que en 10 días nos respondían, todavía estamos esperando", dijo.

"Existimos, pero sin código"

Alexander Alfonzo no siente que forma parte de un consejo comunal excluido.

Aún sin tener el registro de Fundacomunal, la comunidad de Chacao va adelante con sus proyectos. Actualmente ensaya un sistema de estacionamiento controlado y esperan la fecha de la audiencia en el juicio sobre los terrenos donde se construiría el centro cívico, en el que los consejos comunales son parte. "Claro que existimos, pero no tenemos código".

"Los consejos comunales del casco central hicimos una votación conjunta a la que asistió Fundacomunal y 9 meses después no nos han dado el registro".

En las más recientes visitas al organismo, señaló Alfonzo, les han exigido formar parte de las salas de batalla social, estructuras creadas por el PSUV. No han recibido notificaciones sobre algún error en su proceso.

Por: FLORANTONIA SINGER
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